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Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Desde las 10.30 hs. comparecerán en el juicio oral y público Manuel García, Jaqueline Araya y Gabriela de Leone. Será la primera audiencia en este día de la semana, lo cual se repetirá quincenalmente, como en su momento anticipó el Tribunal Oral Federal Nº 2. El entonces sargento tendría que haberse presentado el jueves pasado.
Será la primera audiencia en este día de la semana, lo cual se repetirá quincenalmente, como en su momento anticipó el Tribunal Oral Federal Nº 2.
El primero tendría que haber comparecido el jueves pasado, pero hizo llegar un certificado médico que confirmaba un problema de salud, de modo que su declaración fue diferida.
El entonces sargento García, entre otros, integró una comisión de la Brigada de Vicente López, a cargo del principal Anastacio Leal -luego imputado por el atentado-, que el 14 de julio trató de arrestar a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, en su casa de Villa Ballester, presuntamente para quitarle bienes y así saldar una deuda que habría tenido con esa dependencia tras la liberación de su amigo y socio Hugo Pérez. Sin embargo, el sospechoso logró huir luego de una persecución. El 12 de julio de 1996, el destituido juez Juan José Galeano ordenó el comparendo compulsivo con arresto de García, quien declaró como testigo y nunca fue acusado por esa supuesta maniobra.
Además, éste tuvo gran relevancia para sostener la imputación contra Leal, ya que en el marco de un sumario administrativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires afirmó que quienes conocían de antes al acusado lo apodaban “Pino”, tal como había identificado Telleldín a uno de sus presuntos extorsionadores.
Por su parte, el entonces inspector Claudio Araya integró el grupo operativo de la Brigada de Lanús con el principal Marcelo Albarracín y el cabo Walter Castro, todos a cargo del fallecido subcomisario Raúl Ibarra, que el 4 de abril de 1994 sí lograron detener a Telleldín, en Tortuguitas.
A su arribo a la dependencia, el sospechoso entregó un documento que erróneamente lo identificaba como “Teccedín”, lo cual -según la acusación original- habría sido aprovechado por los policías para que no quedaran registros de su presencia y así poder canjear su libertad por una moto y un auto, según luego denunció la supuesta víctima.
Araya fue detenido el mismo 12 de julio de 1996 y luego procesado, juzgado y absuelto en el juicio oral realizado entre 2001 y 2004. Durante su detención sufrió problemas de salud, razón por la cual fue trasladado de la desaparecida cárcel de Caseros a la sede de la Policía Montada, y finalmente falleció años atrás.
Ese cambio fue a pedido de su hermana y su esposa, Jaqueline Araya y Gabriela de Leone, respectivamente, quienes en el juicio oral anterior relataron que concurrieron al juzgado por recomendación de la defensora del coimputado Alejandro Burguete, Marta Parascandalo, hoy procesada por coacción en el marco de una maniobra que habría sido urdida por Galeano para acusar -se supone que falsamente- del atentado a la AMIA a ex policías bonaerenses.
A fin de tener éxito con el traslado, la letrada les habría recomendado que declararan contra el ex subcomisario Juan José Ribelli, supuesto cabecilla de la “conexión local”, porque así había obtenido la libertad su defendido.
El entonces secretario y hoy juez federal de Tierra del Fuego Javier de Gamas les habría indicado que Araya debía refrendar esos dichos y brindar más información contra su colega en una ampliación de indagatoria, pero éste se negó a hacerlo.
Jaqueline contó en el debate que cuando su hermano se enteró cómo habían conseguido su traslado se enojó mucho: “casi nos mata, nos dijo de todo”, como por ejemplo: “fueron a tratar con el diablo”, en referencia al destituido juez.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: el pago ilegal, con aval judicial, a Telleldín de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con ex presidente Carlos Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y al propio Telleldín, su entonces concubina, Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero. Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas. Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3, que realizó el juicio anterior, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.