Cazas interceptores Mirage dejaron su base en Tandil para quedar en alerta en la pista de Moreno. Bajo sus alas, los misiles aire aire mostraban que no se trataba de un adiestramiento. Tres servicios de inteligencia habían disparado por primera vez el alerta naranja en la Argentina. Se informaba a las autoridades nacionales que un avión de pasajeros secuestrado en Africa se dirigiría a Buenos Aires. La misión de los Mirage: derribarlo. Los terroristas abandonaron, finalmente, la aeronave comercial en Kenya y, al abortarse el peligro, no trascendió esa noticia ocurrida a fines del año pasado.
Del mismo modo, la mayoría de las acciones antiterroristas quedan ocultas en los pliegues del silencio oficial. Pero ocurren. De manera casi cotidiana, tal como relataron a LA NACION hombres que conocen los detalles de las operaciones, aquéllos que aceptan hablar sólo con reserva de sus identidades y cargos, quienes dicen que en nuestro país cada organismo trabaja fuerte y con seriedad, pero también con descoordinación y con trabas que impiden una mejor seguridad que evite que la Argentina vuelva a ser blanco del terrorismo.
Doce años después del atentado en la embajada de Israel, a una década del ataque contra la AMIA y a 36 meses de que el mundo cambiase con los golpes terroristas en los Estados Unidos, en la Argentina se siguen a diario pistas de potenciales atacantes.
Otro ejemplo llegó a Ezeiza en marzo último. Nuevamente fueron los servicios de inteligencia extranjeros -la CIA norteamericana y el Mossad israelí tienen excelentes contactos con sus pares locales- los que dieron el aviso sobre una situación concreta. Seguían de cerca a dos hombres de origen árabe marcados como terroristas. Los habían descubierto en Amsterdam. Se reunieron en Holanda luego de viajar desde puntos diferentes y continuaron moviéndose como personas que no se conocían entre sí. Desde allí volaron a Buenos Aires, donde la Policía Aeronáutica monitoreó sus pasos en Ezeiza con las 150 cámaras semiocultas. Muchos ojos estaban sobre ellos sin que se percatasen. De esa manera se pudo observar mientras se reunían con tres hombres para dejar la zona en un automóvil lujoso con patente uruguaya. No se les perdió pisada cuando se dirigieron inmediatamente a Pinamar. Se alojaron en diferentes hoteles y un par de días después volvieron a la Capital Federal, trasladándose con maniobras de manual para no ser seguidos. En pocos días dejaron el país por aliscafo hacia Montevideo. La llamada Triple Frontera fue su destino…
Mito y realidad
Ese triángulo formado por la ciudad argentina de Puerto Iguazú, la brasileña de Fox de Iguazú y la paraguaya de Ciudad del Este quedó en el foco de atención desde los atentados en Buenos Aires. La presión de inteligencia sobre la zona hizo migrar en los últimos años a buena parte de los considerados simpatizantes de organizaciones terroristas. Pero se mantiene como un núcleo en el que se comprimen tráficos de armas, de dinero, de personas, de documentos, de droga, de todo comercio ilegal imaginable. También es un lugar turístico apreciado por los tres países y eso lleva a inevitables choques entre quienes trabajan por la seguridad y aquellos cuya labor es promocionar bellezas naturales. Allí hay tanto de mito como de realidad en las vinculaciones que se da a la Triple Frontera con redes terroristas. Pero es un punto débil en la cadena defensiva argentina.
Migraciones contrató a inexpertos beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar para colaborar en el puesto fronterizo más caliente del país, desplazando de allí a la Gendarmería y a su banco de datos sobre delitos. Ahora, si una persona tiene un pedido de captura judicial, el empleado de Migraciones da el aviso a las fuerzas de seguridad, pero quienes sólo son sospechosos de alguna actividad irregular pueden cruzar el puente internacional sin provocar alarmas.
En ese lugar también apareció, hace un par de meses, un hombre que denunciaba el ingreso de misiles antiáereos. Mostrándose como un supuesto arrepentido, esta persona solicitó, a cambio del dato, una ayuda económica a la fuerza que primero escuchó su historia. Tras ser Estados Unidos advertido directamente del tema, el descomunal aparato de inteligencia norteamericano descartó por fraudulenta la versión de ese habitante de Ciudad del Este. Porfiado, el hombre golpeó otras puertas hasta que en la Aduana creyeron encontrarse con el hallazgo del año. Se difundió la noticia por los medios, se dio parte al juez penal en lo económico Julio Speroni -¡para una investigación por contrabando!- y se preparó el show para trasladar al «arrepentido» a Buenos Aires hasta que la primera fuerza aclaró que todo se trataba de un fraude conocido.
Falta de comunicación
La anécdota sirve para graficar uno de los principales problemas que encuentran los especialistas de inteligencia nacionales: la falta de comunicación orgánica entre las diferentes dependencias. No hay en la argentina un «zar antiterrorista» como en los Estados Unidos, pero tampoco un punto natural para la reunión de la información. El intercambio de datos se realiza al estilo argentino… de manera informal y dependiendo de la amistad o confianza entre hombres.
El diputado radical Fernando Montoya, presidente de la comisión de Seguridad Interior, coincide en los peligros de esa descoordinación: «Es imprescindible que los organismos públicos que tienen que ver con la defensa y la seguridad de cada uno de los países actúen de manera concertada y no como hasta hoy, donde en muchos casos parecen compartimentos estancos sin coordinación y sin intercambio de información» -dijo a LA NACION.
«En este sentido, es vital la puesta en funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Nación, que fue creada por la ley de Inteligencia 25.520. Esta herramienta existe pero no funciona, cuando podría ser de suma importancia para atacar el delito de manera efectiva. Reclamé ante el ex ministro Beliz la puesta en funcionamiento urgente de esta dirección y también lo hice ante las nuevas autoridades del área. Para que el sistema de inteligencia funcione eficazmente necesita de todos sus componentes y la demora en poner en funciones esta dirección resiente todo el sistema y hace más vulnerable a la Argentina», agregó.
La coordinación de esfuerzos también es el punto a conseguir en la mirada del ministro de Defensa, José Pampuro. Cuestiones relacionadas con el terrorismo forman parte del temario de la reunión de ministros de Defensa del Mercosur ampliado, que se desarrollará mañana en Buenos Aires. Pese a que ese tópico es uno de los ejes centrales de las conversaciones regionales, legalmente los militares argentinos son mantenidos apartados en el trabajo antiterrorista. «El país no puede descartar ninguna posibilidad para defenderse», se queja Pampuro.
La cartera de Defensa avanza en el plan de radarización nacional, postergado por otras administraciones. Las unidades serán construidas por el Invap, en lo que representará un salto tecnológico para la industria nacional. Pero el proyecto llevará su tiempo para completarse. La buena noticia es que en un par de años se podrá controlar cada vuelo sobre el territorio nacional; la mala y grave es que mientras tanto uno puede salir o entrar en el país por vía aérea cuando le plazca.
Vuelos clandestinos
Con un funcionamiento aleatorio, el radar móvil instalado en Resistencia detectó en pocas semanas 106 vuelos irregulares que cruzaban la frontera argentina. Docenas de pistas clandestinas sirven para el aterrizaje de esas avionetas cuya Cdiversas investigaciones judiciales. En muchos casos, esos vuelos irregulares son seguidos por aviones de combate de la Fuerza Aérea, pero su misión no excede la de tomarles fotografías para derivarlas a los juzgados correspondientes. Si los Mirage reseñados en el comienzo hubiesen derribado al avión civil, se habría cometido un acto ilegal, ya que la Argentina no tiene una ley que contemple esa situación. Ese vacío, llegado el caso, sería cubierto por una orden presidencial directa, aunque la acción seguiría fuera de la ley.
En el caso de los aeropuertos importantes del país, la Policía Aeronáutica reforzó la seguridad con comprobables éxitos. Ezeiza se ha convertido, desde 2002, en una especie de casa de Gran Hermano. El zoom de las cámaras puede permitir leer desde el puesto de control el nombre que un pasajero anota en su ficha de migraciones. Un viajero descuidado puede perder su equipaje a manos de un arrebatador, pero éste no puede escapar al foco de las lentes de vigilancia. Además de los carteristas, los sospechosos de terrorismo también son seguidos desde que pisan la zona de Ezeiza, pero aunque el esfuerzo allí es grande, la presión norteamericana reclama todavía más controles.
Sólo desde el 1° de enero de 2006 se podrá scannear todo el equipaje despachado como requisito para que una línea norteamericana opere en el país o bien para que puedan realizarse vuelos hacia los Estados Unidos. Esa norma regirá no sólo para nuestro país, sino que será una exigencia para todo el mundo.
Otro de los problemas actuales que buscan resolver en Ezeiza es la identificación de pasajeros en la puerta misma de embarque. Fueron detectados varios casos de cambios de identidades en la zona del Free Shop internacional. Esos pasajeros intercambiaban sus vuelos una vez que pasaban por migraciones: un dato importante, en cuestiones de terrorismo, porque varios sospechosos podrían ingresar al mismo avión mientras los organismos de inteligencia los tendrían detectados en vuelos diferentes. Para evitar esa maniobra se piensa en colocar sensores de huellas digitales en las puertas de embarque.
En Posadas, un scanner detectó material radiactivo en una máquinaria que se transportaba de Paraguay a Chile. Si a ese artefacto se hubiera sumado un explosivo, se estaría ante una «bomba sucia», uno de los mayores temores en ciudades norteamericanas.
Más allá de la seguridad que aporte la Policía Aeronáutica, las compañías aéreas hacen uso del derecho de admisión para evitar transportar a pasajeros sospechosos. Todas las aerolíneas están conectadas a una base de datos internacional en la que figuran presuntos terroristas. No hace falta que esa persona esté involucrada en una causa judicial para que de alguna manera aparezca en esa nómina y desate dos acciones posibles: avisar su presencia o directamente no dejarlo abordar. En el primer caso, las compañías norteamericanas aceptan que en ese vuelo viaje también un marshall de los Estados Unidos armado.
Pero aunque por razones conocidas se incrementó la seguridad para el tráfico áereo, la Argentina está abierta a ataques que empleen otra modalidad.
Cuando ocurrieron los atentados en los Estados Unidos, una reunión de los responsables de la seguridad interior de la Nación y de las provincias determinó una serie de pautas para impedir atentados. Se pensaron en 2001 y nunca se pusieron en práctica. Una de las iniciativas apuntaba a la seguridad en el transporte terrestre, con la obligación de comprar con documentos los pasajes de ómnibus y también la exigencia de verificar la identidad de los pasajeros de hoteles. Las sugerencias de seguridad quedaron entre los papeles olvidados por la propia crisis de diciembre de 2001.
Hoy se estudia -sólo se estudia- la posibilidad de comprar a China complejos equipos de rayos X con los que se podrían controlar los containers trasladados por camiones. También se considera la compra de otros scanners para verificar la carga portuaria, en un plan que tiene un presupuesto de 28 millones de pesos para realizarse, empujado más que nada por el incidente de un cargamento de limones argentinos que los Estados Unidos obligó a tirar al mar ante la posibilidad de que se tratasen de explosivos. De nuevo, mientras se completa un plan para dar respuestas atrasadas, no hay forma de controlar actualmente las cargas en bodegas de ómnibus ni barcos.
Descontrol de explosivos
Tampoco existe un celo excesivo en asegurar el manejo de explosivos. Quienes entienden en el tema comentan que son muchos los casos en los que un constructor prefiere abandonar la carga explosiva que sobró de su tarea antes que asumir los costos de un traslado seguro a un polvorín. Y se habla de un mercado negro de explosivos entre los propietarios de canteras pequeñas. En resumen, en la Argentina se pueden conseguir con cierta facilidad elementos para un atentado.
Y no faltan movimientos sospechosos que ponen en acción a las unidades antiterroristas. Una de las más respetadas es la de la Gendarmería, que sigue en estos días una línea de investigación de una anormal red internacional. No solamente se tiene en cuenta a posibles terroristas de origen árabe -dentro del marco de una guerra a escala mundial-, sino que también preocupan grupos terroristas latinoamericanos. En las últimas semanas, la SIDE siguió a un hombre fuerte de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) que ingresó por Mendoza desde Santiago de Chile. Se asegura que las FARC nunca hicieron un atentado fuera de Colombia, pero nadie quiere ser sorprendido por primera vez…
La Argentina ya tuvo una primera vez. Y una segunda. El riesgo de un tercer golpe sobrevuela el país desde 1994. Desde entonces, mucho cambió en el mundo. Poco, en cambio, en nuestro país, que parece despertarse a la realidad con un valioso tiempo ya perdido. Los casos reseñados muestran que no hay forma de aislarse en el campo de batalla mundial ni es posible, menos aún, cerrar los ojos.
Por Daniel Gallo
La NAcion