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El juicio más largo de la historia

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Es inevitable la impresión de que todo fue desmesurado. Fue el juicio más largo de la historia argentina, el que tenía como objetivo echar algo de luz sobre el atentado más sangriento que haya sufrido el país. Y terminó esta tarde con sospechas de enormes irregularidades y una sensación de impunidad de igual magnitud. Después de casi tres años de audiencias(Archivo 24/09/2001), todos los acusados de formar parte de la conexión local del atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, fueron absueltos por falta o inexistencia de pruebas en su contra, tal como se preveía(Edición impresa).

El fallo absolutorio para los 22 imputados se conoció esta tarde en una sala de alta seguridad de los Tribunales de Comodoro Py. La misma que fue escenario de las 342 audiencias previas, en las que hablaron más de 1.200 testigos. Allí, los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo presentaron una sentencia que en sus fundamentos seguramente tendrá fuertes cuestionamientos a las pesquisas originales del ataque terrorista.

En su fallo, los jueces incluyen un pedido para investigar a los jueces federales Juan José Galeano, Norberto Oyarbide y el actual camarista Gabriel Cavallo, mientras estuvieron a cargo de la causa por el atentado a la AMIA, como así también a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes fueron separados del juicio por «parcialidad».

También solicitaron investigar al ex ministro del Interior, Carlos Corach, y al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy; por las tratativas que precedieron a la declaración por la que Carlos Telleldín cobró 400 mil dólares.

También solicitan investigar al ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, y a los ex legisladores Carlos Soria, Raúl Galván, Melchor Cruchaga, Carlos «Chacho» Alvarez, José Romero Feris, Federico Storani y César Arias, que fueron integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Atentado que actuó en el ámbito del Congreso nacional.

En tanto, la absolución incluyó también a los detenidos en la causa, para los que la Fiscalía y parte de la querella habían pedido una condena a reclusión perpetua. Son el reducidor de autos Carlos Telleldín y los ex policías Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Bareiro. Los cinco se beneficiaron con la falta o inexistencia de pruebas.

Sin embargo, no todos correrán la misma suerte, ya que si bien Bareiro y Leal serán puestos en libertad de inmediato, Ribelli, Telleldín e Ibarra seguirán detenidos a disposición del juzgado, según informaron los magistrados en el veredicto.

La última jornada del juicio se había iniciado esta mañana con la posibilidad de decir unas «últimas palabras» para once de los imputados. Quienes podían hablar eran los ex policías Alejandro Burguete, José Miguel Arancibia, Oscar Bacigalupo, Daniel Quinteros, Argentino Lasala, Marcelo Casas y Eduardo Toledo, al abogado Juan Bottegal y a los mecánicos Ariel Nitzcaner, Hugo Pérez y Miguel Jaimes.

Todos ellos ya se encontraban en libertad, ya que estaban acusados de delitos menores relacionados con las extorsiones que se le realizaban al principal acusado, Carlos Telleldín. Algunos tenían pedidos de pena de entre seis y diez años de cárcel, pero para otros cinco la Fiscalía había solicitado la absolución. Fueron cuatro de ellos los que ejercieron su derecho: Burguette, Lasala, Nitzcaner y Botegal.

Finalmente, tras un cuarto intermedio de algunas horas, el presidente del Tribunal Oral Federal número 3, Miguel Pons, leyó la sentencia. Los fundamentos se conocerán en algunas semanas, probablemente en noviembre.

La principal prueba del caso era la declaración que hizo Telleldín en 1996, cuando dijo que les había entregado a los policías la camioneta cuyos restos aparecieron entre los escombros de la AMIA. Ese testimonio era la pieza que, en teoría, comprobaba la relación de los acusados con el atentado: si Telleldín les había dado la camioneta a los policías, se decía que los policías, a su vez, debían haberles dado la camioneta a los terroristas. Pero esa prueba, quedó demostrado en el juicio, fue totalmente nula.

A Telleldín le pagaron 400 mil dólares para que hiciera esa declaración. Fueron fondos reservados de la SIDE, pedidos por el juez original de la causa, Juan José Galeano, (separado más tarde de la causa y fuertemente cuestionado) y autorizados por el entonces jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy. Fuente: Clarín

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