Además, el documento reclama que continúen las reformas políticas, judiciales y económicas en la Autoridad Palestina, recoge la posibilidad de crear un puesto de primer ministro y, como medidas de confianza, pide la congelación de los asentamientos israelíes y el fin de las restricciones de movimiento a la población palestina, incluyendo la readmisión de trabajadores palestinos en Israel.
El plan prevé también participación internacional con el envío de observadores «lo antes posible» y la convocatoria de una conferencia internacional y de una reunión de donantes del Comité de enlace ad hoc para movilizar fondos que apoyen la reforma ayuden a mejorar la situación social en los territorios.
Nueva Constitución
Tras las elecciones, la UE propone la elaboración de una nueva Constitución palestina, tras la subida al poder de una Autoridad Palestina con «nueva legitimidad» y negociaciones para un Estado con fronteras provisionales, en las que el Cuarteto y los países árabes moderados actuarían de «facilitadores».
En una última fase, entre agosto de 2003 y junio de 2005, la Autoridad Palestina sería un gobierno de transición que negociaría las fronteras definitivas. Los Quince hacen hincapié en que estas deben basarse en las de 1967, las reconocidas por la ONU, con «ajustes territoriales», conexión entre Cisjordania y Gaza, Jerusalén como capital de los dos Estados, acuerdos de seguridad y un Estado palestino con armamento limitado.
Asimismo, deberá encontrarse una solución «justa, viable y gradual» al problema de los refugiados y lanzarse la negociación para un acuerdo de paz de Israel con Siria y Líbano. Por último, la Liga Arabe reconocerá el fin del conflicto con la perspectiva de normalizar sus relaciones con Israel