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Prohibirán a árabes comprar tierras públicas

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JERUSALEN.- El gobierno de Israel aprobó ayer un polémico proyecto de ley que reserva la venta de tierras de propiedad del Estado a los judíos por «razones de seguridad». La decisión, promovida por el ala derecha y religiosa del gabinete, implica que ningún ciudadano árabe puede comprar propiedades en comunidades israelíes y generó una fuerte reacción en los partidos moderados y de izquierda, que la calificaron de «racista».

El proyecto de ley intentará evitar fallos como el de la Corte Suprema de marzo de 2000. En esa decisión, el tribunal superior se pronunció contra toda discriminación y autorizó a una pareja de árabes israelíes, Adel e Imán Kaadan, a comprar tierras de un kibbutz de Katzir, en Galilea, para establecerse.

Ese kibbutz fue creado en 1982 por la Agencia Judía, organismo encargado de la inmigración a Israel de los judíos de la diáspora.

El gabinete de Sharon aprobó el proyecto el domingo en una votación en la que sólo dos de los 20 ministros votaron en contra. Uno de ellos, Dan Meridor, titular de la cartera de Justicia, advirtió que de ser aprobada la ley, los «enemigos de Israel» compararían el sionismo con el racismo.

«Israel es un Estado de gente judía, pero por ser un Estado judío no tiene por qué aplicar una política discriminatoria contra los ciudadanos que no lo son, como la que sufrieron los judíos en la diáspora», advirtió.

Israel tiene una población de 6,5 millones de habitantes; de ellos, un millón son árabes. Según la Asociación para los Derechos Humanos en Israel (ACRI), las tierras del Estado representan el 93% del conjunto del territorio israelí.

El ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Peres, que no participó en la votación, y el Partido Laborista calificaron la decisión de «racista». Por su parte, el jefe de la oposición, Yossi Sarid, del partido Meretz, advirtió «que ningún otro gobierno en el mundo democrático habría adoptado una ley similar. Esto es una mancha sobre Israel».

El proyecto del gabinete cuenta con suficiente respaldo para ser aprobado en el Congreso.

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