Según esas sospechas de corrupción económica y política, que han suscitado en los últimos meses las críticas de la oposición contra la ANP y su presidente Yaser Arafat, se trata de la venta de 420.000 toneladas de cemento que Israel emplea para levantar su «muro de seguridad» en tierras palestinas confiscadas de Cisjordania.
«El Fiscal General comenzó a investigar el expediente que le enviamos sobre la venta de cemento a los israelíes para la construcción del muro», dijo el abogado Hasan Jreishe hoy domingo en el Centro Internacional de Prensa de Medio Oriente (CIPMO).
Según las sospechas, los presuntos implicados ayudaron a ganar a empresas palestinas sumas millonarias con esas ventas a compañías constructoras de Israel que participan en esas obras.
El Gobierno de El Cairo prohíbe la exportación de cemento a Israel.
Algunas fuentes anónimas involucraron, entre otras, a una compañía perteneciente a la familia del primer ministro Ahmed Qurea (Abú Alá), quien lo desmintió categóricamente.
Una investigación de la Cámara Legislativa palestina descubrió en junio pasado que al menos cuatro empresas de Cisjordania han vendido cemento importado de Egipto a firmas israelíes que levantan el «muro de separación», recientemente condenado como ilegal por el Tribunal Internacional de La Haya, dependiente de la ONU.
Arafat, ordenó la investigación de la Fiscalía esta semana, después de superar una grave crisis de Gobierno desencadenada por violentas protestas populares contra la corrupción en la franja de Gaza, y que culminó con la dimisión, el pasado 17 de julio, de Abú Alá.
«Las compañías palestinas compraron el cemento a 22 dólares la tonelada y la vendieron a 100 dólares a los israelíes. Las ganancias fueron a parar a sus bolsillos, no al presupuesto de la ANP», declaró Jreishe.
El cemento egipcio es también empleado en la construcción de viviendas y otras instalaciones en los asentamientos judíos de Cisjordania, territorio que Israel ocupó en la guerra de 1967.
Amenazado por «esas bandas» que «no me atemorizarán, seguiré con mi trabajo en defensa de mi pueblo, de los palestinos que mueren en las manifestaciones de protesta contra el muro» al ser reprimidos por el Ejército israelí, declaró el abogado palestino.
El Parlamento palestino comenzó hace dos meses la investigación después de recibir noticias de Egipto sobre esas compras de cemento por empresarios palestinos.
Antes de desencadenarse las protestas en Gaza, que sembraron la anarquía en ese territorio y sumieron a la ANP en una de sus peores crisis desde 1994, la Cámara Legislativa exigió a Arafat que traslade el expediente de su investigación al Fiscal General.
Jreishe carece de pruebas de que el cemento importado de Egipto ha sido o sea empleado en la construcción de esa valla israelí de obstáculos a lo largo de Cisjordania, y que perjudica a decenas de miles de palestinos tanto en el campo y en las ciudades.
Para sostener ese argumento, Jreishe se vale de un informe que el auditor de la ANP, Jarrar al Quidua, envió el 11 de septiembre del año 2003 al presidente Arafat, y en el cual consigna ese hecho.
Israel levantó un tercio de esa barrera, que tendrá alrededor de 700 kilómetros cuando esté concluida, algo previsto para el año próximo. Su costo se calcula en unos 2.000 millones de dólares.
La valla consta de alambradas con sensores electrónicos para detectar la infiltración de atacantes palestinos de Cisjordania a Israel y torres de observación. Un cinco por ciento de su recorrido, en zonas urbanas, incluye paredes prefabricadas de hormigón de hasta ocho metros de altura, como en la localidad de Abu Dis, al sur de Jerusalén, donde reside Abú Alá.
Los palestinos protestan contra ese muro no sólo por los perjuicios que les causa sino también por creer que se trata de una anexión de facto de vastos territorios de Cisjordania que reclaman para un futuro Estado independiente en esa zona y Gaza. EFE
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