El Estado belga colaboró de manera activa en la deportación de judíos durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, según las conclusiones de un estudio encargado por el Gobierno federal que fue presentado hoy ante el Senado.
‘El Estado belga adoptó una actitud dócil al haber prestado en diversos y cruciales ámbitos una colaboración indigna de una democracia’, afirma el Centro de Estudio y Documentación de Guerras y Sociedad Contemporánea (SOMA) en su informe, fruto de más de dos años de investigación.
El documento, titulado ‘La Bélgica dócil’, analiza las características políticas y culturales de esa sociedad entre 1930 y 1950 para intentar explicar la colaboración de las autoridades belgas con el ocupador, la Alemania nazi.
El director de SOMA, Rudi Van Doorslaer, destacó al presentar el estudio que la administración belga pasó rápidamente de la colaboración pasiva a la activa y estableció una estrecha relación con las autoridades alemanas.
Van Doorslaer explicó que esa actitud se debió al hecho de que la clase política no estaba preprarada para la ocupación. También señaló el déficit democrático en los años 30 y 40 y los sentimientos antisemitas que a veces reinaban entre las élites, aunque insistió en que Bélgica no era una excepción en el contexto europeo.
El estudio destaca tres momentos claves en la relación del Estado belga y los judíos:
El primero se sitúa en octubre y noviembre de 1940, cuando se iniciaron los registros a la población judía a petición del invasor alemán.
El segundo se remonta al verano de 1942, cuando la policía de Amberes detuvo a más de 1.200 judíos y los entregó a las autoridades alemanas, mientras el alcalde de Bruselas se negaba a cooperar en una redada.
Esos incidentes marcaron el fin de la máxima colaboración administrativa con los nazis, aunque el Estado no enmendó su política con respecto a los judíos.
El tercer momento clave data de finales de 1945, después de la liberación, cuando la Justicia militar concluyó que era demasiado ‘delicado’ investigar las redadas contra los judíos en Amberes.
SOMA destaca en su informe que aunque la libertad de acción de las autoridades era limitada, existía la posibilidad de negarse a ejercer ciertas tareas, tal y como estaba previsto legalmente en los acuerdos entre los nazis y la administración belga.