Por John Spencer*
Una sobreviviente del Holocausto de 83 años, Ludmila Lipovsky, fue brutalmente asesinada el mes pasado en Israel mientras esperaba a que su hija la llevara a un turno médico. Un palestino de 28 años de Cisjordania está acusado de apuñalarla hasta la muerte.
Este acto horrendo es otro ejemplo de la violencia incentivada por un programa multimillonario conocido como “pagar para matar”, que está incluido en la ley palestina y es regido por la Autoridad Palestina.
Algunos lo ven como un simple sistema que recompensa a los palestinos por cometer actos de terrorismo contra israelíes judíos. En realidad, es una estructura económica y un programa social profundamente arraigados en Cisjordania y Gaza que incentiva la violencia, socavando así cualquier posibilidad de un acuerdo de paz sostenible.
El programa proporciona pagos mensuales a los palestinos condenados por actos violentos contra israelíes y encarcelados por sus crímenes. Fundamentalmente, estos pagos no se extienden a los condenados por delitos no relacionados con el terrorismo. Los pagos aumentan con la duración de la pena de prisión, lo que perversamente recompensa a los perpetradores de los peores crímenes.
Por ejemplo, a partir de 2017, un preso condenado a hasta tres años recibe 400 dólares mensuales, mientras que alguien condenado a entre 10 y 15 años gana más de 1.500 mensuales. Durante el encarcelamiento, la Autoridad Palestina también paga las cuotas de seguridad social y pensión de los presos. Los pagos a los presos se ajustan para tener en cuenta los aumentos en el costo de vida.
Al ser liberados, los beneficios continúan. Los presos liberados reciben una subvención de suma global que va de 1.500 a 25.000 dólares, dependiendo de la duración de su encarcelamiento. El empleo en las instituciones gubernamentales está garantizado, y las colocaciones laborales se priorizan en función de los años pasados en prisión. Aquellos que no pueden conseguir trabajo reciben estipendios de desempleo, siempre que hayan cumplido al menos cinco años para los hombres o dos años para las mujeres.
Además, los presos liberados disfrutan de educación universitaria gratuita y atención médica de por vida. Un preso varón que haya pasado al menos un año en una prisión israelí está exento de las tasas de matrícula en las universidades palestinas y los programas de formación profesional, así como de los pagos del seguro médico.
Si un terrorista muere durante un ataque o a manos de las fuerzas israelíes, su familia recibe apoyo a través del fondo de los “mártires”. Las familias reciben pagos mensuales (los cónyuges de por vida y los hijos hasta que alcancen la edad adulta) que van desde los 100 a los 1.200 dólares.
El programa “pagar para matar” ha enfrentado importantes críticas internacionales. En 2014, la Autoridad Palestina transfirió nominalmente la responsabilidad de estos pagos a la Organización para la Liberación de Palestina en un intento de desviar las críticas.
Sin embargo, los pagos persistieron.
Estados Unidos respondió en 2018 promulgando la Ley Taylor Force, que condiciona cierta ayuda económica a la Autoridad Palestina al cese de los pagos a los terroristas y sus familias. A pesar de esto, el gobierno palestino asignó más de 300 millones de dólares para estos pagos en el mismo año.
El año pasado, la Autoridad Palestina aumentó los pagos anuales en 16,2 millones de dólares mensuales, añadiendo nuevos beneficiarios: 900 prisioneros de Gaza y decenas de miles de “mártires” adicionales, incluidos los involucrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.
Para muchos palestinos, el programa “pagar para matar” representa más que un incentivo para el terrorismo; es una vía hacia la movilidad social. En una sociedad plagada de un alto desempleo y oportunidades limitadas, el programa ofrece ingresos garantizados, educación y empleo, beneficios que van más allá de lo que el palestino promedio puede esperar.
El año pasado, el salario mensual promedio de un empleado de Cisjordania era de aproximadamente 380 dólares, lo que hace que los pagos del programa sean particularmente atractivos.
Este marco no solo incentiva la violencia, sino que también la institucionaliza como una alternativa viable al progreso social legítimo. Perpetúa un ciclo de violencia, asegurando que los ataques contra israelíes sigan siendo frecuentes y profundamente arraigados en el tejido de la sociedad palestina.
Para Israel y la comunidad internacional, el programa “pagar para matar” es un claro obstáculo para la paz. No se trata de un simple subsidio económico, sino de una institución social diseñada para sostener la violencia. El programa incluye incluso bonificaciones para terroristas árabe-israelíes, lo que aviva aún más las tensiones.
Varias administraciones israelíes, incluidas las de la primera presidencia de Donald Trump, han instado a la presión internacional sobre la Autoridad Palestina para que ponga fin a estos pagos. Se espera que el tema vuelva a surgir de manera destacada cuando Trump regrese al poder.
La resolución del conflicto entre Israel y Palestina se ha convertido en un componente crítico para finalizar los Acuerdos de Abraham, especialmente con naciones como Arabia Saudita.
El asesor principal de Trump en asuntos árabes y de Medio Oriente, Massad Boulos, ya ha actuado como intermediario entre la Autoridad Palestina y su líder. Según se informa, Abbas se ha comunicado con Boulos desde la reelección de Trump, lo que indica un posible diálogo.
Sin embargo, el diálogo por sí solo no será suficiente. El programa de “pago por matar” debe ser desmantelado, al igual que las organizaciones terroristas que lo financian, pieza por pieza.
Hasta entonces, seguirá siendo un marco social y económico que incentiva el terrorismo, obstruye la paz y alimenta la inestabilidad internacional. Ningún esfuerzo serio por resolver el conflicto entre Israel y Palestina podrá tener éxito mientras este programa siga en marcha.
*John Spencer es presidente de estudios sobre guerra urbana en el Instituto de Guerra Moderna de la Academia Militar de Estados Unidos, West Point.
Fuente: usatoday.com