La medida, tomada por unanimidad en la comisión del Consejo, fue posible gracias a que el presidente Néstor Kirchner evitó ayer definir si acepta o le rechaza la renuncia que el propio juez le presentó el lunes a la noche. Si Kirchner admitía su dimisión se hubiera caído el proceso de juicio político destinado, justamente, a lograr su destitución. En cambio, si es destituido vía juicio político, Galeano no podrá cobrar una jubilación del Poder Judicial ni volver a ocupar un cargo público.
Hay un dato que merece ser explicado. El Consejo de la Magistratura había llegado el año pasado a un acuerdo tácito con el Gobierno para zanjar este tipo de casos, es decir el de los jueces acusados que renuncian para evitar su enjuiciamiento. El acuerdo dice que se les acepta la renuncia sólo si aún no fueron citados por el Consejo, pero no cuando ya están en esa situación.
Galeano justamente renunció el día anterior a que el Consejo votara su citación. Pero Kirchner prefirió no pronunciarse. De hecho, ante este panorama Galeano seguirá como juez hasta que el plenario del Consejo apruebe su acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. En ese momento —puede ser a fines de octubre— se lo suspendería en forma automática por seis meses hasta que se haga el juicio político.
El magistrado ayer no pisó Tribunales y pidió una licencia de tres días. Mientras tanto, mantiene a su cargo diversas causas resonantes como la que se sigue contra el ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino o la de los piqueteros que el 21 de agosto quemaron gomas frente al Ministerio de Economía. Galeano también tiene en sus manos la denuncia de un abogado que pidió investigar un supuesto enriquecimiento ilícito de Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández.
La citación de Galeano en el Consejo fue impulsada por la diputada del ARI Marcela Rodríguez y el abogado Beinusz Szmukler. Ellos juntaron pruebas en forma independiente de las graves acusaciones que le hizo al juez el tribunal oral que absolvió a los cinco acusados que habían llegado a juicio bajo el cargo de haber participado en el atentado. Para el tribunal, Galeano armó esa acusación en complicidad con el menemismo.
La sentencia del tribunal oral se conocerá el 29 de octubre y recién después se investigarán las denuncias que, ya adelantó, se formularán. Seguramente todo terminará en la causa que tiene el juez Claudio Bonadío hace ya cuatro años sobre las irregularidades de la causa AMIA.
Tal como adelantó Clarín, la Cámara Federal ordenó a Bonadío aceptar a la Oficina Anticorrupción como parte querellante de esa causa. Ni lerdo ni perezoso, el organismo que depende del Ministerio de Justicia presentó ayer un escrito para volver a reclamar la indagatoria de Galeano. Pero con un agregado: quiere que Bonadío disponga las medidas para evitar una eventual salida del país de Galeano si es que deja de ser juez. «Téngase presente», fue la respuesta de Bonadío.
La citación de Galeano en el Consejo de la Magistratura se basó en un predictamen elaborado por Szmukler y Rodríguez, Allí se lo acusa por: