Itongadol.- La Asociación Médica de Israel presentó el domingo una petición al Tribunal Superior de Justicia pidiendo la anulación de la ley de «razonabilidad» aprobada el mes pasado como parte de la revisión judicial del gobierno.
Los peticionarios solicitaron que la enmienda a la Ley Básica: El Poder Judicial sea anulada o, al menos, no se aplique al sistema sanitario.
El escrito, de 68 páginas, enumera una serie de posibles acciones que el Gobierno y el Ministro de Sanidad en particular pueden emprender legalmente ahora que los tribunales no pueden ejercer el control judicial de las decisiones administrativas basándose en el criterio de lo razonable.
Según el escrito, la ley permitirá al ministro de Sanidad nombrar a personas no cualificadas para puestos sensibles; abrir y cerrar hospitales arbitrariamente; financiar y promover la llamada terapia de conversión gay; ordenar que se dé prioridad al tratamiento de los pacientes en función de su raza, sexo u ocupación; declarar arbitrariamente que una determinada enfermedad es infecciosa; revocar las licencias de los médicos por sus opiniones políticas; y tomar decisiones no profesionales en relación con la formación y certificación de los médicos.
La nueva ley prohíbe a todos los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, utilizar el criterio judicial de «razonabilidad» para revisar y potencialmente revocar decisiones gubernamentales y ministeriales. Se trata de la primera ley aprobada del ambicioso plan de reforma judicial del gobierno.
La coalición argumenta que es fundamental frenar lo que considera un tribunal excesivamente activista que interfiere en las decisiones del gobierno, mientras que los opositores sostienen que el criterio de razonabilidad es una herramienta clave para proteger ciertos derechos y la independencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El 12 de septiembre se celebrará una vista sobre la ley en el Tribunal Superior de Justicia, con un panel de tamaño sin precedentes que incluirá a los 15 magistrados del Tribunal Supremo. La semana pasada, el Alto Tribunal dictó un requerimiento procesal contra la ley, exigiendo al gobierno que explicara por qué las peticiones contra ella no debían ser anuladas por el tribunal.
Anular la Ley Fundamental cuasiconstitucional sería un ejercicio sin precedentes de control judicial sobre la autoridad constituyente de la Knesset. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu se ha negado a decir si su gobierno acataría tal sentencia.
La semana pasada, los médicos que se oponen a la revisión judicial anunciaron que dejarían de presentarse a trabajar si el gobierno provocaba una crisis constitucional al negarse a acatar dicha sentencia.
También la semana pasada, el Canal 12 informó de que, como consecuencia de la reforma judicial, miles de médicos se han unido a un grupo de chat de WhatsApp en busca de asesoramiento sobre cómo trasladarse al extranjero, y algunos han empezado a recibir lucrativas ofertas para trasladarse a los EAU.
Al día siguiente de la aprobación de la ley de «razonabilidad», la Asociación Médica de Israel organizó una huelga de un día, dejando a los centros sanitarios públicos con una plantilla mínima. Un tribunal laboral ordenó que el sector sanitario volviera al trabajo ese mismo día.
Además de la agitación en torno a la política judicial del gobierno, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido de que Israel se enfrenta a una inminente escasez de médicos.
La organización advirtió en junio de la escasez de médicos ya en 2025, señalando que Israel no dispone de un sistema adecuado para gestionar la mano de obra en la profesión médica. El informe también pedía a Israel que aumentara el número de estudiantes de medicina y acreditara una nueva facultad de medicina.