Se cumplirá el jueves el primer año de la llamada Marcha del Silencio que sirvió para recordar el primer mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Quedó en el recuerdo como la última movilización multitudinaria acongojada y dramática, también por el castigo incesante de la lluvia, en condiciones de establecer un antes y un después en la larga serie de muertes y atentados políticos impunes que surcan a la Argentina.
No terminó existiendo, desafortunadamente, tal frontera. El caso de Nisman parece haber quedado oscurecido por brumas como aconteció en su momento con la bomba en la Embajada de Israel, en 1992, o la voladura de la mutual judía, AMIA, en 1994. Seguramente no habrá desaparecido la indignación social pero la incompetencia de las autoridades y los infinitos ardides políticos del gobierno de Cristina Fernández ayudaron a disolverla como una expresión durable e impactante.
Esta semana los fiscales que promovieron aquella primera marcha convocaron a una reedición en Plaza Lavalle. Será el 18 a las 18 hs. Nadie supone, ni por asomo, que pueda alcanzar una dimensión similar. Pero ese grupo de fiscales consideró importante ratificar la presencia testimonial y un compromiso con el esclarecimiento de la muerte de Nisman, ahora que está en desarrollo un nuevo ciclo político.
Mauricio Macri ordenó la desclasificación de la información secreta relativa al caso. Una medida que, tal vez, pueda arrojar alguna luz sobre la investigación. Aunque predominaría cierto escepticismo. La fiscal Viviana Fein, que tuvo la causa hasta diciembre, trabajó con empeño sobre la tesis de un suicidio que nunca pudo comprobar. Pese a pericias técnicas que fueron repetidas varias veces. La investigación está ahora en manos de la jueza Fabiana Palmaghini, que volvió sobre pistas de origen a las cuales Fein no había concedido mucha importancia. Por ejemplo, la reiteración de indagatoria a los policías que custodiaban a Nisman. Entre las hipótesis oficiales sobre la muerte del ex fiscal y las de la viuda de la víctima existen distancias insalvables: la jueza Sandra Arroyo Salgado -de ella se trata- sostiene con firmeza la tesis del homicidio, en base a pericias calificadas y propias.
Lo cierto es que luego de un año, la muerte del ex fiscal parece correr peligro sólo de engrosar la nómina de recordatorios de las numerosas tragedias de la política argentina que carecen aún de explicaciones y gozan de impunidad. El Presidente prometió “hacer justicia” y declaró que hay con el caso “una deuda pendiente”. La propia sociedad debería volver a interpelarse, quizás, sobre la existencia de esa y otras deudas.