La agrupación Memoria Activa expresó su satisfacción por la media sanción del Senado al proyecto que dispone el pago de un resarcimiento económico a las víctimas del atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido en 1994 con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.
“Por supuesto que nadie nos va a devolver a nuestro familiares pero no es un resarcimiento económico sino un derecho adquirido de los familiares que perdimos a un ser querido en el atentado”, afirmó Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN).
Reisfeld sostuvo que “después de 17 años es una manera de cerrar algunas filas, y esto tiene que ver con el decreto 812 y el compromiso del Estado argentino ante la OEA, es lo que correspondía”.
La referencia tiene que ver con el decreto que firmó el entonces presidente Néstor Kirchner en 2005 por el cual se acepta la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento de la causa AMIA.
Esta medida se fundamenta en el acuerdo que el Estado argentino estableció con Memoria Activa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como consecuencia de la denuncia que la agrupación que reúne a los familiares de las víctimas del brutal ataque terrorista por violación a los Derechos Humanos al no realizar debidamente la correspondiente investigación del atentado.
Reisfeld se mostró confiada en que la propuesta no correrá la misma suerte que la iniciativa anterior que quedó trabada en la Cámara baja.
“Quiero suponer que va a avanzar porque estaban de acuerdo todos los bloques. Espero que no sea un obstáculo, pero aparentemente todos los bloques estaban de acuerdo”, expresó la representante de Memoria Activa.
Asimismo, Reisfeld indicó que la propuesta “es parte del compromiso de Kirchner de esclarecer del atentado y su responsabilidad asumida de que no cuidaron a nuestros familiares”.
Además, la familiar consideró que “está perfecto” que la propuesta incluya el tema de las costas por los juicios civiles que algunos familiares iniciaron contra el Estado.
“Está perfecto, es una propuesta que vino de parte de los senadores. Además los juicios civiles estaban iniciados porque hubo un atentado”, dijo Reisfeld.
La propuesta aprobada por el Senado recupera un proyecto original presentado en 2009 que pasó a Diputados, pero que perdió estado parlamentario ya que nunca recibió tratamiento.
De acuerdo a lo resuelto hoy en la Cámara alta, la propuesta prevé una reparación económica para los derechohabientes de los muertos, calculada de la multiplicación por 200 del sueldo de un agente Clase A “0” del Estado Nacional, que en la actualidad se calcula en 9.012 pesos mensuales.
En tanto, los heridos graves recibirán el 70 por ciento de ese monto; y los heridos leves, el 60 por ciento.
La propuesta es impulsada por los senadores Miguel Ángel Pichetto y Liliana Negre de Alonso.
La indemnización es mayor de la propuesta que se aprobó hace 15 días para las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, fruto de que el Estado reconoció su responsabilidad en el atentado a la AMIA.
La iniciativa también establece que la reparación será distribuida entre los herederos de las víctimas de acuerdo con el carácter de prelación establecido en el Código Civil.
Además, la norma establece que quienes hayan accedido al beneficio deberán desistir de cualquier acción legal y renunciar a entablar futuras acciones judiciales sobre el mismo hecho contra el Estado argentino.
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