Itongadol/AJN.- Mario Bareiro, uno de los cuatro policías bonaerenses que fueron acusados y luego sobreseídos como partícipes necesarios del atentado a la AMIA, denunció hoy, jueves, haber recibido presiones del destituido juez Juan José Galeano, sus secretarios y los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia para involucrar a su colega Juan José Ribelli, a quien aseguró haber conocido recién en el calabozo, en la decimocuarta audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices de ese ataque.
El hoy querellante contó que conoció a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, en 1984 ó 1985 porque le habían hecho contravenciones por un local que tenía en Santos Lugares, y que a partir de allí se había convertido en un esporádico informante sobre vendedores de autos adulterados y electrodomésticos robados, “sin recibir algo a cambio”.
Luego mantuvieron una curiosa relación, ya que el ex uniformado visitó como cliente su local bailable en la zona de Congreso y, más adelante, su sauna, donde se ejercía la prostitución, pero no labró infracciones porque estaba fuera de su jurisdicción.
Después de un par de años sin saber de él, su colega y amigo Diego Barreda le informó que Telleldín se dedicaba a la adulteración y comercialización de vehículos siniestrados para que lo arrestaran y secuestraran los mismos.
Ese 14 de julio de 1994 “no participé del operativo” de detención para no quedar expuesto ante el informante, sino que “le pasé la información a (Anastacio) Leal, quien estaba a cargo del grupo, y se lo ‘marqué’ cuando salía de su casa porque no lo conocía, pero les ‘tiró el auto encima’ y se fugó”, resumió el testigo.
En cierto momento el Tribunal Oral Federal Nº 2 interrumpió esa línea de interrogatorio porque ese incidente generó una causa que aún está abierta.
Días después, Barreda le avisó que la mujer de Telleldín, Ana María Boragni, lo había llamado porque gente merodeaba su casa, y entonces ambos fueron a verla el 26 de julio de 1994.
Entonces, ésta les dijo que temían haber “comercializado” la camioneta utilizada en el atentado a la AMIA porque el comprador no había vuelto a retirar documentación y el domicilio que había dado era falso.
Vieron el supuesto boleto de compra-venta de la Trafic y cuando salieron de la casa fueron interceptados por una comisión mixta de la Policía Federal y la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), pero ningún extranjero del FBI o el Mosad ni mujeres, relató Bareiro.
Tras identificarse, propusieron convencer a Boragni de colaborar con la investigación y lograr el regreso de su concubino, quien estaba de viaje.
“Cuando llamó Telleldín le dije que si nada tenía que ver con la Trafic, era una locura que se profugara y quedara como vinculado con el atentado; hablamos dos veces porque estaba reticente, pero finalmente aceptó”, recordó el también querellante.
Éste reveló que 30 ó 40 días después fueron contactados por “Jaime Stiler” (Antonio Stiuso) para trabajar para la SIDE: debían mantener y ampliar el contacto con el entorno del detenido y tratar de conseguir información acerca del eventual comprador de la Trafic.
A esa primera reunión en la sede de Estados Unidos y La Rioja concurrieron con el jefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el comisario Ramón Oreste Verón, y su colega Mario Naldi, con quien Barreda y Bareiro habían trabajado en la Brigada de San Martín.
“Dijeron que nuestra operación estaba autorizada orgánicamente (por esa fuerza) y que el juzgado sabía de ello”, así que “íbamos a la casa de Telleldín todos los días, o jornada por medio; les importaba especialmente una agenda marrón que nunca vimos”, precisó el testigo, cuyos hallazgos reportaba “in voce” a Stiuso y Verón.
Ambos efectivos colaboraron con la SIDE hasta fines de noviembre o principios de diciembre de 1994, cuando comenzaron a aparecer en los medios versiones sobre su probable vinculación con el atentado.
“Me iniciaron un sumario administrativo después que (el entonces presidente de la DAIA Rubén) Beraja pidiera en un programa de televisión de Mauro Viale que se investigara la relación de Telleldín con policías bonaerenses, puntualmente Barreda y Bareiro, y nos desvincularon por tener relaciones con ‘personas de poca moral’ y delincuentes, pese a que siempre supieron del vínculo funcional que teníamos con él”, se quejó el hoy querellante.
El testigo fue detenido el 12 de julio de 1996, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero en su indagatoria del día siguiente se encontró con la “desagradable sorpresa” de que le imputaban participación en “el asesinato de 85 personas”, afirmó.
A partir de allí, denunció haber recibido “muchas presiones del juez, los fiscales y los secretarios” para que declarara que Ribelli se había llevado la Trafic y admitiera falsamente que el fallido procedimiento llevado a cabo el 14 de julio de 1994 para detener a Telleldín había sido “trucho”.
“Me obligaron a mentir en todas mis indagatorias para tratar de zafar; hasta mi abogado me sugirió que debía hacerme cargo de algo para poder negociar porque el tema era muy pesado”, explicó Bareiro.
Sus declaraciones “parecían copias de los artículos de (los periodistas de Página/12 Raúl) Kollmann y (Román) Lejtman; tuve que acceder para no ir a la cárcel y para que mi familia pudiera verme”, reconoció quien estuvo 8 años y 2 meses detenido en la Alcaldía del Departamento Central de la Policía Federal y el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, pero nunca en prisión.
De todos modos, nunca antes había denunciado esas supuestas presiones, ni a su letrado al Colegio de Abogados; según él, porque “todavía no sabía en quién podía confiar” y por temor a represalias, que aún mantiene.
“Boragni dijo que teníamos relación con ellos, pero no con la Trafic”, pero de nada sirvió, deslizó Bareiro.
Además, aseguró que sus primeros abogados le habían durado poco tiempo e incluso puntualizó que Francisco D’Atri se fue a los pocos meses porque Galeano le habría dicho que “podía aparecer algún testigo que declarase que había visto la Trafic en la puerta de su estudio”.
Después de casi cuatro horas de testimonio, Santiago Marino Aguirre, defensor oficial de los ex fiscales, pidió su detención por flagrante falso testimonio porque dijo haber recibido presiones de los mismos en sus indagatorias, pero ninguno de ellos estuvo en esas tres oportunidades.
Luciano Hazan, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; José Manuel Ubeira, patrocinante de los ex policías; y el fiscal Roberto Salum se opusieron, y el tribunal lo rechazó, por ahora, por considerarlo “prematuro”.
Acto seguido se dispuso un cuarto intermedio hasta la semana que viene, cuando testificará Sergio Burstein, ex marido de Rita Worona, víctima del atentado a la AMIA, y referente de la Asociación 18J, el primero de casi una decena de familiares que contarán su experiencia de acá a fin de año.