Itongadol/AJN.- La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó hoy, miércoles, la apelación del ex juez de la “causa AMIA”, Juan José Galeano, del fallo de la Sala I Ad hoc de la Cámara de Apelaciones que declaró nulo su sobreseimiento anterior por el pago de los 400.000 dólares a Carlos Telleldín para que involucrase a policías bonaerenses.
De este modo, los camaristas Ángela Ledesma, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani despejaron la última valla significativa para el inicio del juicio oral en su contra, junto con otros varios imputados, como el propio Telleldín, su concubina, Ana María Boragni; su ex abogado Víctor Stinfale; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y su entonces segundo, Juan Carlos Anchézar; el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja.
“No puede soslayarse que el hecho principal al que se vinculan estas actuaciones (atentado contra la AMIA) ha sido calificado como de lesa humanidad” y que “las querellas que informaron oralmente en la audiencia han alegado que se trata de un crimen de Estado que implicó graves violaciones a los derechos humanos”, destacó la primera.
“A esta altura del proceso no corresponde cancelar anticipadamente el avance del caso, pues -en razón de la calificación que ha merecido el hecho principal vinculado a la presente- ello podría tener incidencia en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado Argentino, motivo por el cual, a ese sólo efecto, considero que debe ceder la cosa juzgada”, aseguró la magistrada, dado que “esta solución se compadece además con la obligación que asumió el Estado Argentino de aplicar medidas tendientes a garantizar la investigación del atentado y el encubrimiento de la AMIA y las sanciones a los responsables”, según el acuerdo alcanzado por el Estado argentino y Memoria Activa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, Riggi tuvo “particularmente en cuenta las penosas consecuencias y afectaciones del suceso investigado en la causa principal así como su extrema gravedad -atentado a la sede de la AMIA- y que los querellantes en la audiencia de informes han afirmado su pretensión de encuadrar -o al menos discutir- si los hechos objeto de estas actuaciones caen bajo el estándar de los que se consideran ‘graves violaciones a los derechos humanos’”.
“Será precisamente el juicio oral y público el ámbito propicio para discernir si los mismos constituyen un supuesto cuya calificación amerite consagrar una excepción a las garantías constitucionales reseñadas e invocadas por la defensa”, agregó.
Finalmente, Gemignani afirmó que el sobreseimiento original de Galeano presenta serias irregularidades, como “el diletante proceder del instructor”, el entonces juez Gabriel Cavallo, “la fraudulentamente tímida presentación de la inhibición por amistad manifiesta con la parte, con la evidente intención de permanecer a cargo de la causa; la omisión de ordenar y producir prueba dirimente, pertinentemente solicitada por la Fiscalía; así como la defectuosa valoración de la prueba efectivamente producida; y muy especialmente, en consideración a los tiempos procesales desarrollados en orden a la resolución de sobreseimiento, así como también la selección del momento de notificación de la misma, en atención a la licencia que a la sazón había requerido el fiscal de la causa”, Carlos Stornelli.
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