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Llega el veredicto de un juicio histórico

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Más allá de esta incertidumbre, el juicio va camino de culminar con una sola certeza: el Estado argentino fue incapaz de descubrir a los culpables del peor atentado terrorista que haya azotado al país, y con ello legitimó la impunidad, que sobrevuela cada delito grave que se comete en la Argentina.

Pocos imaginan que los ex policías Juan José Ribelli, Mario Bareiro, Anastacio Leal y Raúl Ibarra sean condenados. Las dudas surgen con Carlos Telleldín. Si los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3, Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, concluyen que el atentado se cometió efectivamente con una Trafic cargada de explosivos, la suerte del mecánico que confesó haber armado ese vehículo puede complicarse y ser condenado con algún grado de participación.

Aun cuando todos los principales acusados sean absueltos, sólo dos podrían salir caminando libres desde los Tribunales: Bareiro y Leal. Telleldín tiene prisión preventiva en una causa que tramita en la justicia de Morón por su afición a hacer autos mellizos, aunque sus defensores aspiran a morigerar esa prisión preventiva para que pueda cumplirla en libertad.

Ribelli afronta dos causas que, más allá de una posible absolución, lo dejarían preso: una que se tramita en La Plata por enriquecimiento ilícito y otra en la que está acusado de extorsionar a sospechosos para sacarles bienes o dinero a cambio de no encarcelarlos. En este proceso está imputado Ibarra, lo que impediría su libertad.

Además de estos cinco acusados, fueron juzgadas otras 17 personas por delitos menores conexos. Mañana se decidirá si son condenadas o no.

Pero el fallo tendrá un costado sustancial que tal vez explique por qué este proceso por un ataque terrorista puede quedar sin condenas. Además del veredicto, el tribunal realizará denuncias contra funcionarios del gobierno de Carlos Menem, contra el juez federal Juan José Galeano, sus secretarios, otros funcionarios judiciales y policías que participaron de la investigación.

Esto es así porque en el juicio oral, que trasncurrió mientras en la Argentina desfilaron seis presidentes, saqueos, devaluación e incertidumbre institucional, se probó que Telleldín cobró 400.000 dólares que pagó el Estado para declarar contra los acusados. Este vicio, que revela irregularidades en la pesquisa, puso en tela de juicio la investigación.

El tribunal puede abrazar la hipótesis más amplia, que reza que la conexión local fue prearmada para cerrar la causa y que todo se trató de un complot de Menem y sus allegados para culpar a la policía bonaerense de Eduardo Duhalde cuando ambos pugnaban por el poder. O puede elegir la tesis más restrictiva, que señala que Telleldín, en realidad, cobró para decir la verdad y que las pruebas no fueron suficientes para condenar a los policías.

Mientras crujían los cimientos institucionales del país en estos dos años y 11 meses, en un subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el Tribunal Oral Federal N° 3, se ventilaron las pruebas sobre cómo ocurrió el ataque y quién lo cometió. Los testimonios sobre la presencia de la Trafic frente a Pasteur 633 fueron escasos, pero los peritajes fueron concluyentes. Habrá que ver si alcanza para establecer la mecánica del atentado.

Con respecto a la responsabilidad, se exhibió un cúmulo de indicios que quedaron opacados cuando los agentes de la SIDE revelaron cómo se investigó el caso. Las dudas invadieron al tribunal y el juicio se convirtió en un juicio oral a la investigación.

Por eso el veredicto establecerá con un grado de certeza jurídica si hay culpables por la bomba, pero abrirá una serie de procesos contra los funcionarios de Menem y los funcionarios judiciales a cargo del caso. Los que estaban en lo más alto ahora están bajo la lupa.

Por eso, a más de diez años del atentado, y cuando está a punto de culminar un histórico proceso, sólo se logró arrojar luz sobre cómo se investigó. De los culpables hay pocos indicios.

Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION

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