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El juez Juan José Galeano recibió el apoyo de tres testimonios de profundos conocedores de la causa AMIA

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La abogada de la DAIA, Marta Nercellas, el ex abogado de la AMIA Luis Dobniewski y el ex diputado y ex secretario de inteligencia Carlos Soria declararon como testigos ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura donde mostraron un fuerte respaldo al juez Galeano sobre quien pesa en ese organismo un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones.

«La verdad yo no hubiera querido estar en los zapatos del doctor Galeano en el año 1994», se sinceró Nercellas al ser consultada sobre su opinión con respecto a la conducta del juez que durante casi diez años dirigió la investigación por el atentado terrorista más cruento que sufrió la Argentina.

Tal como lo hace desde que interviene como querellante en la causa desde 1997, la abogada avaló la gestión de Galeano y estimó que «la tarea que se le encomendó excedía no sólo sus posibilidades sino la de cualquier juez que fuera puesto en su lugar. A causa se ese exceso, de esa sobrecarga de tareas se cometieron muchos errores pero también muchos aciertos».

En esta línea, destacó que el magistrado se animó a detener a los policías bonaerenses en 1996 cuando para el gobernador Eduardo Duhalde»era la mejor policía del mundo y cuando se sabía que una de las personas a las que iba a detener (Ribelli) era el recaudador de los dineros de (el ex jefe de la policía bonaerense Pedro) Klodzik».

«Creo que con todos lo errores que cometieron realizó una investigación conducente», precisó la abogada quien de todas formas admitió que el «error gravísimo» que cometió Galeano fue creer que «el era el investigador y esto es lo que hace que hoy pague las consecuencias» ya que «siempre el policía que investiga paga el pato cuando la investigación fracasa y en este caso el policía fue Galeano.

En un sentido similar se pronunció el ex abogado de la AMIA Dobniewski quien estimó que a Galeano «se le puede imputar el error de haberse puesto la gorra de vigilante ante la ineficacia y ante la falta de colaboración de todo el mundo», pero de todas formas estimó que hizo «más de lo que estaba a su alcance y más de lo que podía».

«Era una investigación en donde en el país no había experiencia, donde hubo boicots de todos los organismos de inteligencia y seguridad, donde el Estado brilló por su ausencia y donde el único funcionario que se involucró en la investigación fue el juez», precisó el abogado quien destacó la falta de recursos humanos y técnicos con los que Galeano tuvo que enfrentar la investigación.

Nercellas recordó que antes de ser apartado del expediente por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín el juez tomó alrededor de «2000 testimonios» en la causa y precisó que un horario normal del funcionamiento del juzgado era «las 12 de la noche». La abogada estimó que en ese momento el sistema judicial no estaba preparado para investigar un hecho así ya que no se contaba ni con la leyes adecuadas ni con una infraestructura investigativa a la altura de los acontecimientos.

«El sistema penal y procesal argentino eran absolutamente ineficientes para impulsar una investigación de estas características, toda la estructura del Estado era absolutamente incapaz», abundó Dobniewski.

Los testigos enumeraron extensamente los sucesivos desvíos y pistas falsas que tuvo que sortear el magistrado por parte de los organismos de seguridad e inteligencia a los que «no les interesaba más que cubrir sus falencias, encubrir los posibles errores que se habían cometido o tratar de que no salgan a la luz los hechos de corrupción en los que ellos mismos estaban involucrados».

Nercellas y Dobniewski se explayaron sobre la pérdida de tiempo que provocó al juzgado seguir la pista Solari (el preso que se autoincrimó como uno de los que se llevó la trafic de la casa de Telleldin y luego se comprobó que había sido preparado por policías bonaerense) y la pista carapintada, así como el problema que hubo con la pérdida de 66 casetes con escuchas telefónicas.

También se mencionó el caso del brasileño Wilson Dos Santos que alertó en Roma días antes del atentado a la AMIA que iba a haber un ataque contra un blanco judío y nadie le llevó el apunte, y la decidía de la Dirección General de Migraciones que no contestaba lo oficios enviados por el juzgado de Galeano.

Al respecto, Soria -quien integró la comisión bicameral de Seguimiento de los Atentados a la Embajada de Israel y la AMIA- estimó que existieron «contradicciones muy fuertes que se mostraron como trabas en el avance de la investigación».

Dobnieswski mencionó algunos datos curiosos y se despachó con un cálculo de la magnitud de la causa AMIA advirtiendo a los consejeros que tenían que leer la causa, tarea que –estimó- les demandaría un plazo de «cinco años y medio».
Fte DJU

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