Después de divulgar el sábado que el presidente palestino sufre un deterioro de sus capacidades mentales, ayer abría un nuevo frente en su acoso: el de la fuga de capitales. Esta era la nueva acusación que se lanzaba desde Tel Aviv: Arafat y otras personas de su entorno estarían sacando grandes cantidades de dinero del país y depositándolas en bancos europeos.
La información, contenida en un documento sobre las finanzas palestinas que el Gobierno israelí acaba de entregar a la Casa Blanca, ha sido filtrada al diario hebreo Yediot Aharonot. La interpretación está clara: Arafat y sus allegados preparan su exilio de espaldas a su pueblo.
¿Es cierto? Nadie cree que eso importe demasiado. Más que la acusación en sí (de la que no se presentan de momento pruebas), lo que a Israel le interesa es hacer llegar un mensaje político: la Autoridad Palestina está acabada y ni siquiera Arafat cree ya en la posibilidad de mantenerla a flote con reformas.
Las cifras son éstas: en el caso de Arafat, Israel asegura haber detectado una transferencia de 5,1 millones de dólares (unos 5,61 millones de euros) a la cuenta de su mujer, Suja (casi desde el comienzo de la Intifada, la esposa de Arafat vive en París con la hija de ambos por razones de seguridad). Una cantidad todavía mayor habría sido transferida por el teórico número dos de la OLP, Majmud Abás: 70 millones de dólares (unos 77 millones de euros).
Arafat calificó ayer de «indecente» esta imputación, y recordó que los palestinos se negarán a la imposición de una dirección para sustituirle.
La acusación contra Arafat resulta un tanto sorprendente, considerando que, al comienzo de la Intifada, hace dos años, Israel congeló todos los fondos de la Autoridad Palestina depositados en los bancos de Israel. Si se han producido los movimientos de capitales mencionados, resulta difícil imaginar cómo se ha podido hacer sin el consentimiento de las autoridades israelíes, que controlan todos los flujos.
De hecho, al parecer, ésa es parte de la cuestión. Según fuentes diplomáticas, el documento presentado en Washington tiene como finalidad justificar la negativa israelí a descongelar esos fondos, tal y como exigen la Unión Europea y Estados Unidos. Se trata nada menos que de 400 millones de dólares (unos 440 millones de euros) en derechos de aduana e impuestos procedentes de los territorios ocupados pero cobrados por Israel.