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Itongadol.- Tan leve como la red de una araña, pero igualmente compleja y útil para atrapar presas desprevenidas, una maniobra sutil estaría tejiéndose en la Cámara de Casación Penal para dejar la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA en manos de jueces cercanos al kirchnerismo. Documentos con información falsificada, supuestas excusaciones de jueces que en verdad no ocurrieron y sorteos que se evitaron habrían construido un “relato” jurídico cuyo objetivo sería mantener el expediente en el congelador del que nunca logró salir.
La punta del ovillo fue la presentación que el viernes pasado hizo Alejandro Rúa, abogado del ex canciller Héctor Timerman en la causa por supuesta traición a la Patria a través de la firma del pacto con Irán, que tramita en el juzgado de Claudio Bonadio. Participando de él o no, Rúa descubrió el juego pidiendo que los jueces Borinsky y Hornos, de la sala IV, se inhibieran de participar en el asunto pues según una certificación expedida en el tribunal ambos se habían excusado de hacerlo en todas las causas vinculadas con el tema AMIA.
Fuentes de la Casación contaron a Clarín que esa solicitud cayó como un rayo paralizante entre los jueces que, para empezar, la rechazaron de inmediato in limine: “no se ha dictado una resolución jurisdiccional que declare la conexidad entre la presente causa” y la denuncia de Nisman contra Cristina, advirtieron. Y aclararon que “las excusaciones de los doctores Gustavo Hornos y Mariano Borinsky –a las que alude la defensa en su escrito– fueron presentadas y admitidas en el marco acotado de la causa 13.767 (irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA) y al sólo efecto de pronunciarse con relación a la misma.” “Ahí se tomó nota efectiva del forum shopping –maniobras para elegir al juez que entenderá en un asunto– que se había armado entre la sala II del tribunal y la Presidencia de la Casación en 2015 (Ana María Figueroa) y 2016 (Alejandro Slokar)”, dijo a Clarín una alta fuente de la Justicia, que pide no ser identificada porque podría llegar a tener que opinar en esta cuestión.
Hagamos un poco de historia: cuando se presentó el amparo que pedía la nulidad del pacto con Irán, hubo un conflicto de competencia entre el fuero federal y el contencioso administrativo. La Cámara, y luego la Corte, le dieron la causa al juez Rodolfo Canicoba Corral, del fuero federal. “Pero siempre fue una cuestión de competencia –decisión del juez que deberá tomar la causa– y no de conexidad, que es otro tipo de resolución en la que se vinculan causas diferentes porque un tribunal superior estima que analizan cuestiones similares”, dicen en Comodoro Py. Y agregan un detalle: las conexidades “suben”, y si dos causas están separadas en los juzgados y en la segunda instancia, mal pueden ser “conexas” en Casación.
Habría ciertas huellas de las costuras y remiendos que exigió la maniobra. En una resolución del 12 de marzo de 2015, la jueza Figueroa dijo que podía intervenir en el amparo contra el pacto con Irán (AMIA III) porque no había conexidad entre esa causa y la de encubrimiento (AMIA II). Y como presidenta de la Casación sorteó a los jueces para tratarlo. Salieron Slokar, Pedro David y Angela Ledesma. Pero Slokar y David se excusaron con el argumento opuesto: que esos dos expedientes son conexos, y como no podían intervenir en el primero, tampoco podrían hacerlo en el otro.
Lo notable es que días después, el 25 de marzo, Figueroa volvió sobre sus pasos, aceptó esa explicación y la extendió a otros camaristas. Es más, como Ledesma estaba de viaje, se designó a sí misma. Para completar el tribunal cometió otra irregularidad –luego volteada por la Corte–, y el 13 de julio nombró como subrogantes a dos abogados, Roberto Boico y Norberto Frontini. Esas tres designaciones tienen otra objeción: no se hicieron por sorteo.
Llegamos al final: este año, ya sin aquellos abogados en el medio, Ledesma le pidió a Slokar (nuevo presidente de la Casación) dos jueces para conformar el tribunal. Entonces él solicitó un informe “certificando” toda la historia. Violentando la verdad, esa certificación recoge y establece las falsas conexidades, y así “borra” de cualquier participación en temas vinculados con la AMIA a Borinsky, Slokar y David, pero también –y con la misma excusa– a los camaristas Eduardo Riggi, Lilina Catucci y Gustavo Hornos. Una jugada maestra.
El 7 de marzo, y otra vez sin sorteo, Slokar designó en la sala II a la jueza Figueroa. Junto con Ledesma, dos estrellas del kirchnerismo judicial. Con dos votos prácticamente asegurados, ni siquiera es importante quién sería el tercer juez designado: la muralla para evitar que la denuncia de Nisman sea investigada ya estaría lista.
“Lo que hicieron Slokar y Figueroa durante sus presidencias podría tipificarse como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público, en la integración del tribunal de Casación que revisará todo lo vinculado con AMIA a partir del Memorándum con Irán”, dice a Clarín otro camarista del fuero federal. “Además, Slokar no firma las resoluciones pero sí las designaciones de quienes lo harán”.
Este diario se comunicó con el presidente del tribunal, señalado por propios y ajenos como el gran demiurgo de la Casación. Slokar contestó con amabilidad: “Yo ni me asomo a esos expedientes, me excusé porque trabajé en la unidad AMIA del ministerio de Justicia”, explica el juez, quien sin embargo desliza que “la Corte dijo que había conexidad entre las causas por el encubrimiento del atentado y del pacto con Irán”. Slokar dice que “no puedo considerar la situación de los otros jueces”, aunque “si hay conexidad o sospechas de parcialidad, lo debería decidir otro juez hábil…”
Una sugestiva puerta abierta.