Itongadol.- Un mes antes de cumplirse 25 años del atentado contra la AMIA, el Poder Legislativo tiene una llave para que los sospechados puedan rendir cuentas ante la Justicia.
Cuando falta casi un mes para que se cumpla un cuarto de siglo del atentado terrorista cometido contra la sede de la AMIA, el más grave sufrido en la historia de nuestro país, con un saldo de 85 muertos y centenares de heridos, los argentinos no hemos conocido aún la verdad de lo ocurrido. Las estructuras del Estado nacional no han dado, hasta aquí, respuesta a los interrogantes planteados. Los sospechados de participar en tan aberrante hecho criminal, calificado de lesa humanidad y por ello imprescriptible, estarían más cerca de tener que rendir cuentas ante la Justicia si se sancionara el proyecto de ley de juicio en ausencia. Un proceso así podría avanzar con un abogado defensor de oficio cuando los sospechosos se encuentran prófugos o en un país que deniega su extradición.
Con el apoyo del Poder Ejecutivo, este proyecto fue originalmente impulsado en 2013 por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) luego del oscuro tratado con Irán, merced al cual accedíamos incomprensiblemente a que los cinco iraníes acusados fueran juzgados en su país ante su renuencia a comparecer en la Argentina.
El 22 de mayo pasado tuvo lugar una reunión informativa, convocada por la Comisión de Legislación Penal bajo la presidencia de la diputada nacional María Gabriela Burgos, para tratar este proyecto con la presencia de legisladores de distintos bloques. En el auditorio, además de familiares de las víctimas del atentado, estuvieron presentes numerosas personalidades de distintos ámbitos, como el secretario de Estado Sergio Bergman, miembros de la comunidad judía y del actual consejo directivo de la DAIA y del Seminario Rabínico Latinoamericano.
Distintos académicos expusieron sus posturas jurídicas, entre ellos, los doctores Marcos Grabivker, Marcelo Aguinsky, Franco Fiumara y Andrés Gil Domínguez. Abrió la exposición el juez y académico Fiumara, con un exhaustivo desarrollo sobre la aplicación de este instituto de carácter procesal, abordando casos análogos como el de la condena al capitán Alfredo Astiz, juzgado en ausencia en Francia. Con claros ejemplos, acreditó también que su aplicación funciona adicionalmente como método de prevención que desalienta potenciales acciones terroristas.
Una de las cuestiones más relevantes surgidas del debate radica en la confirmación de que todas las pruebas presentadas durante un juicio en ausencia serían de conocimiento público y podrían ser registradas y enviadas inmediatamente al juez de instrucción para que continúe investigando, con esos nuevos elementos, a los autores que aún reste identificar, en clara referencia a la llamada «conexión local», tanto como a los demás miembros del grupo terrorista.
El exmagistrado Grabivker se ocupó de demostrar que el instituto en cuestión no vulnera el derecho de defensa en juicio y dio respuesta a un interrogante planteado por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade sobre el alcance de su aplicabilidad. El constitucionalista Gil Domínguez ratificó con precisión que en ningún momento se vulnerarían ni el debido proceso ni ninguna norma constitucional o tratado internacional al que haya adherido la Argentina. En igual sentido, el juez Aguinsky aclaró que no se trata de un juicio a quienes ya se considera culpables, sino que el principio de inocencia conserva su vigencia hasta que una sentencia pueda establecer lo contrario.
Cerró aquel panel de expositores Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las personas que perdieron la vida en el mayor atentado cometido en Latinoamérica. Apoyándose en manifestaciones de los académicos que lo antecedieron, sostuvo con acierto que la aplicación del juicio en ausencia es la última oportunidad reservada a las víctimas para llevar adelante la etapa del juicio oral y público en el camino a la verdad.
Este primer paso dado por la citada comisión legislativa es de vital importancia para que tan relevante iniciativa sea evaluada y llevada al plenario de la Cámara baja. Solo con voluntad y decisión política se podrá poner en vigor este importante proyecto, definitorio a la hora de concretar la realización de los juicios que sean necesarios para terminar con un cuarto de siglo de consagrada impunidad.
Está en mano de los legisladores avanzar con la sanción de la ley que permita aplicar los juicios en ausencia. Les cabe un rol protagónico decisivo en este capítulo de la historia que aguarda ser escrito desde hace mucho tiempo. En sus manos está dejar definitivamente atrás tanta obscena impunidad, tantas páginas oscuras que empañan vergonzosamente una investigación que continúa interpelándonos como sociedad. Confiamos en que sean ellos quienes comiencen a despejar el camino a la verdad, el único que podrá devolver algo de paz a tantas familias que vieron dramáticamente partir a sus seres queridos. Será también un homenaje a la memoria del fiscal Alberto Nisman, mientras aguardamos que se escriba también otra página pendiente: la que revele la verdad sobre su muerte.
Fuente: La Nación