Listado de familiares de víctimas del atentado a la AMIA y las indemnizaciones que recibieron en 1994. En ese momento se constituyó también el fondo para combatir el terrorismo y su subsidio vía ATN a la AMIA para reconstruir su edificio.
El Congreso espera la semana próxima el envío del proyecto de Néstor Kirchner que establece una nueva reparación para las víctimas del atentado a la AMIA, como se comprometió el país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante Memoria Activa y el CELS. Esa reparación tiene su origen en el decreto que firmó el Presidente reconociendo la responsabilidad del Estado argentino en el atentado a la AMIA por la falta de prevención y por violación a los derechos humanos. Abre también una nueva instancia de reparación económica para las víctimas de la tragedia.
El Congreso debe resolver qué tipo de reparación refiere el pedido, ya que existen registros suficientes de haberse otorgado $ 10.533.628 (dólares) en subsidios a las víctimas que van desde reparaciones económicas por muerte hasta por pérdida de bienes muebles. Todos esos subsidios fueron entregados y cobrados por familiares de los fallecidos y heridos en el atentado durante 1994 y 1995, es decir, durante el gobierno de Carlos Menem, el presidente a quien se ha criticado por la falta de apoyo en el esclarecimiento del caso AMIA. A ese monto debe sumarse otro no precisado, liquidado en ATN, que se usó para reconstruir la sede de la AMIA de la calle Pasteur, destruida tras el abominable atentado.
El problema -más allá de dirimir qué se indemnizó antes y lo que se pretende indemnizar ahora-es el compromiso asumido por Kirchner de impulsar una nueva ley de reparaciones, cuando en la Argentina ya se hicieron pagos a familiares hace más de 10 años puntillosamente establecidos en seis decretos presidenciales que firmó Menem.
• Reservas
Esa inquietud no tiene sólo una lógica contable. Es el propio American Jewish Comitee, la entidad judía más poderosa de los Estados Unidos, el que presentó sus reservas y su preocupación bajo la posibilidad de que una segunda indemnización económica a familias de las víctimas pueda provocar una sensación de calma por la que «el gobierno argentino no avance en las investigaciones para llevar a prisión a los autores de los atentados a cambio de una serie de gestos de reparación a los familiares de las víctimas», según dijo una vocera de esa institución.
Es sabido que los Estados Unidos no manejan sus relaciones con la República Islámica de Irán en los mismos cánones que fija la diplomacia argentina. Por eso el recelo de los estadounidenses con relación a la pérdida de interés argentino en continuar insistiendo por la captura internacional de los famosos-14 iraníes supuestamente involucrados en el atentado que pidió el juez Juan José Galeano. Esas dudas fueron transmitidas -junto con alguna preocupación por esta doble indemnización que habilitó Kirchner en el decreto-por la dirigencia de la comunidad judía norteamericana al embajador de Israel en Buenos Aires y a la comunidad local sobre la conveniencia del decreto firmado por Kirchner que aceptaba el fallo del Tribunal Oral Federal Tres, a pesar de que tanto la AMIA como la DAIA han apelado ese fallo.
Pero las sospechas más fuertes que llegan de los Estados Unidos sobre el nuevo acuerdo -más adelante se verá que éste es el nombre correcto-, en torno al futuro de la investigación del atentado a la AMIA y las segundas indemnizaciones, son las implicancias políticas del acuerdo firmado en Nueva York.
Esas sospechas se basan en los informes que tienen -bien documentados-sobre el proceso que llevó a la firma este último decreto de Kirchner sobre AMIA. En realidad, esa disposición del Presidente sólo convalidó un acuerdo que había sido firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre los organismos que habían denunciado al país y representantes del gobierno.
Todo comenzó con la presentación que hicieron ante la CIDH las organizaciones Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que anima Horacio Verbitsky y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Allí fueron reclamando la violación por el Estado argentino de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, así como el deber de garantía.
La cuestión se planteó entonces como una denuncia contra el Estado nacional en un organismo internacional por denegatoria de justicia y responsabilidad por falta de protección conveniente por parte de la Argentina en cuanto al atentado a la AMIA.
La presentación actuó, entonces, como una virtual intimación ante un árbitro internacional. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a los litigantes para intentar un «acuerdo de partes», tal como consta en el acta de ese entendimiento.
En esa mesa se sentaron Pablo Jacoby, de Memoria Activa, pero relacionado con el CELS y aliado en esta causa de Verbitsky; Víctor Abramovich, oficialmente por el CELS; y Andrea Pochak. Por el gobierno argentino encabezó la delegación el representante especial para Derechos Humanos, Horacio Méndez Carreras;
Federico Villegas Beltrán, por la Cancillería; y Javier Salgado, por el Ministerio de Justicia, entre otros.
Es conveniente, para saber el tono en que se manejó el proceso de Nueva York, tomar algunos puntos textuales de esa acta de entendimiento:
• Se acuerda formalmente iniciar un proceso de solución amistosa de la petición número 12.204 conforme a lo previsto por el artículo 41 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, declarándose formalmente suspendidos los plazos procesales de la petición.
• Conforme a lo manifestado por el Estado en el marco de la audiencia celebrada en el día de la fecha, el gobierno argentino reconoce su responsabilidad en el caso de acuerdo con la siguiente fórmula: «El gobierno reconoce la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos humanos denunciada por los peticionarios…
Amb. Financiero