Itongadol.- (Jeremy Sharon – Times of Israel) La vista que se celebrará el martes en el Tribunal Superior de Justicia de Israel por las peticiones contra la ley de «razonabilidad» de la coalición será quizás el enfrentamiento más importante entre los poderes públicos jamás presenciado en la historia del país.
Por un lado, habrá una serie de organizaciones de vigilancia del gobierno y de la sociedad civil que argumentarán que la enmienda a la Ley Fundamental aprobada en julio, que restringe la capacidad del tribunal para juzgar las decisiones del gobierno sobre la base de una doctrina de razonabilidad, causa un daño mortal a la democracia de Israel.
Por otro lado, el gobierno insistirá en que no hace tal cosa, y que el tribunal no tiene derecho de revisión judicial sobre las Leyes Básicas cuasi constitucionales.
Y en medio estará el Tribunal, que aseguró en el pasado su derecho a revisar Leyes Fundamentales en circunstancias limitadas, pero que debe decidir si los términos de la ley de razonabilidad justifican el uso del arma del juicio final de anular legislación de naturaleza constitucional.
El carácter trascendental y extraordinario de este enfrentamiento quedará demostrado por la visión de los 15 magistrados del Alto Tribunal reunidos en el estrado del tribunal, la primera vez que se convoca un panel de este tamaño.
Una enmienda a la Ley Fundamental: el Poder Judicial, la ley de razonabilidad prohíbe a todos los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, deliberar y fallar en contra de las decisiones gubernamentales y ministeriales sobre la base de la norma judicial de razonabilidad.
Ese criterio de razonabilidad había permitido al Tribunal Supremo anular decisiones gubernamentales y ministeriales si consideraba que había habido problemas de fondo con las consideraciones utilizadas en tales decisiones, o con el peso dado a esas consideraciones.
En el pasado, el Tribunal utilizó el criterio de razonabilidad para obligar al gobierno a permitir la construcción de un estadio de fútbol en Jerusalem y a hacer todas las aulas de algunas escuelas de la región fronteriza de Gaza a prueba de cohetes.
También se utilizó para obligar al consejo municipal de Kfar Vradim a construir una mikve, o baño ritual, para sus residentes religiosos, y de particular interés para el gobierno actual, la doctrina se empleó para prohibir al líder del partido Shas, Aryeh Deri, ser ministro del gabinete debido a sus problemas legales.
Los argumentos contra la ley
Los demandantes en contra de la ley, así como la Fiscal General del Estado judío, Gali Baharav-Miara, argumentan en sus respuestas al tribunal que la ley elimina los elementos claves que protegen la democracia y que altera fundamentalmente el equilibrio de poder entre los tribunales, el gobierno y la legislatura, hasta tal punto que socava a Israel como democracia.
Este argumento es trascendental, ya que el Alto Tribunal desarrolló dos doctrinas que, según él, podrían utilizarse en circunstancias extremas para anular o intervenir de otro modo en una Ley Fundamental, una de las cuales es si la Ley Fundamental socava la identidad judía o democrática de Israel.
El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, uno de los peticionarios, sostiene también que la ley de razonabilidad otorga al poder ejecutivo un «poder ilimitado», lo que representa un abuso de su autoridad para aprobar Leyes Fundamentales cuasi constitucionales.
El primer ministro Netanyahu (derecha) con el ministro de Justicia Yariv Levin durante una reunión del gabinete en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalem el 10 de septiembre de 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)
Los demandantes afirmaron que la norma de razonabilidad es fundamental para proteger a los altos funcionarios de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como el fiscal general, el fiscal del estado y el comisario de policía, de un despido arbitrario, que podría politizar la aplicación de la ley y socavar el Estado de derecho.
Además, destacan que el uso de la norma de la razonabilidad es muy importante durante los gobiernos interinos en periodos electorales para garantizar que las arcas del gobierno no se utilicen indebidamente para dirigir fondos a los votantes como forma de electoralismo.
Baharav-Miara, en su respuesta al tribunal, aseguró que «el criterio de razonabilidad protege la independencia de los altos funcionarios de la administración pública, en particular de los que desempeñan funciones de guardianes, impidiendo los nombramientos y despidos improcedentes, y protege la legitimidad del proceso electoral impidiendo el uso de los poderes públicos de forma que se otorgue una ventaja injusta a quienes ostentan el poder».
La opinión de la Fiscal General fue radical al pedir la anulación de la enmienda a la Ley Fundamental en su totalidad.
Baharav-Miara también remarcó que el criterio de razonabilidad defiende de forma más general al público en general del «ejercicio arbitrario del poder por parte del gobierno», sin el cual los derechos del individuo pueden verse afectados negativamente.
Argumento del Gobierno: No hay base para la revisión judicial
La respuesta del gobierno a las peticiones y a la fiscal general insiste en que el tribunal no tiene derecho de revisión judicial sobre las Leyes Fundamentales, ya que éstas forman la base del orden constitucional del país, estableciendo cómo deben actuar sus instituciones y, por tanto, definiendo su papel.
En consecuencia, las Leyes Fundamentales deberían estar por encima de esas instituciones, y no sujetas a ellas, incluido el Tribunal Supremo, según el gobierno.
Dado que la Knesset -el Parlamento israelí- nunca aprobó una ley que estipule que el Tribunal Supremo puede revisar las Leyes Fundamentales, o de hecho cualquier legislación, el gobierno expresó que el tribunal «no tiene poder para crear tal fuente de autoridad» para sí mismo.
«Los poderes del tribunal, incluidos los estipulados en el artículo 15 de la Ley Fundamental: el Poder Judicial, no le fueron otorgadas por sí mismo, sino por el Soberano, en dicha Ley Básica», agregó el gobierno.
Además, la coalición oficialista rebatió los argumentos contra el contenido de la propia ley, afirmando que el tribunal sigue disponiendo de otras herramientas para revisar las decisiones gubernamentales y ministeriales sin recurrir al criterio de razonabilidad.
En consecuencia, no se puede considerar que la legislación socave la democracia, y mucho menos en la medida extrema indicada anteriormente por el Tribunal como límite para anular una Ley Fundamental.