Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Este jueves, desde las 11 hs., declarará en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA el abogado Juan Alberto Bottegal, quien fue procesado como partícipe necesario de un secuestro extorsivo y luego absuelto en el debate anterior por la nulidad de la causa decretada por el Tribunal Oral Federal Nº 3.
El 14 de julio de 1994, un grupo operativo de la Brigada de Vicente López, integrado por Argentino Lasala, Manuel García y Mario Bareiro y a cargo del principal Anastacio Leal -los dos últimos, luego imputados por el ataque terrorista-, trató de arrestar por la comercialización de vehículos adulterados a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, en su casa de República 107, en Villa Ballester, pero éste se fugó.
Horas más tarde detuvieron por averiguación de antecedentes a su amigo Hugo Pérez y, según la acusación original de la “causa AMIA”, canjearon su libertad por un barco, una causa que todavía sigue abierta.
Según Telleldín, la documentación para la cesión del mismo se la entregó a Bottegal, quien habría estado confabulado con los uniformados, aunque éste negó conocer el origen ilícito de la misma.
El letrado llegó a su casa esa noche, en su Renault Fuego negra y acompañado del subcomisario Pablo “Japonés” López, de la Brigada de San Martín, según él solo para interiorizarse de la situación de Bareiro y otro ex policía supuestamente amigo del reducidor, Diego Barreda.
Este último declaró semanas atrás: “Telleldín me pidió que intercediera para saber por qué lo investigaban, pero no podía hacerlo, así que le recomendé al abogado Bottegal”.
Obviamente, los ex uniformados niegan cualquier extorsión.
En el juicio, el fallecido fiscal Alberto Nisman había pedido 10 años de prisión para Bottegal, quien se vio beneficiado por la anulación motivada en el pago ilegal, con aval judicial, a Telleldín de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses.
Más allá de reclamar su sobreseimiento, su propia defensa admitió la existencia del hecho al proponer un cambio de calificación por tentativa de extorsión o cohecho.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el ex espía Antonio Stiuso, cuya negativa a declarar ante la Unidad Fiscal genera gran incertidumbre en querellas y defensas.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar dos años, reúne dos causas: el mencionado pago ilegal y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con ex presidente Carlos Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido el destituido juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, y al propio Telleldín, su entonces concubina, Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3, que realizó el juicio anterior, así que volvió a sortearse y le tocó al TOF 2, cuyos miembros sufrieron numerosas recusaciones o excusaciones que demoraron por años el inicio del debate.