Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Hoy, jueves, se reanudó el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con el comienzo de las declaraciones de testigos que no son querellantes; en este caso, Eduardo Toledo y Marcelo Casas, quienes participaron en el intento de detención de Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, del 15 de marzo de 1994, por parte de una comisión de policías bonaerenses de la Brigada de Lanús, y luego fueron juzgados y absueltos por falso testimonio.
Sus breves testimonios, de alrededor de media hora cada uno, presentaron varias coincidencias, pero también algunas divergencias sugestivas.
Sobre el operativo en sí mismo contaron que ninguno de ellos era un agente operativo, no obstante lo cual el entonces subcomisario Raúl Ibarra, luego imputado y sobreseído por el ataque terrorista, les pidió que lo acompañaran a arrestar a una persona que no identificó, ni les mostró la orden de captura.
Esto último les importa a las defensas para probar que la idea era detenerlo para canjear su libertad por bienes y dinero, tal como habría ocurrido días después, el 4 de abril, según denunció Telleldín.
El ex cabo Casas dijo que fueron ellos tres, pero el entonces sargento Toledo, quien sigue siendo policía, agregó a su par Víctor Cruz, pese a que no debería haber estado allí por estar en disponibilidad preventiva como consecuencia de la fuga de un detenido.
La comisión fue hasta la avenida Maipú al 2400, en Olivos, y esperaron el arribo del buscado.
Ibarra les indicó que era él y cuando fueron a detenerlo, éste atropelló y arrastró unos metros a Casas y se fugó.
Tres semanas después fue justamente este último quien le tomó las huellas digitales a Telleldín.
Era de noche, se retiró de la dependencia y cuando regresó al día siguiente no se interesó por saber si seguía preso o en qué condiciones había sido liberado.
Dos años después, Toledo y Casas fueron informados de que debían prestar un comparendo compulsivo (declaración obligatoria) y fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal 28, donde pasaron la noche en calabozos individuales.
Pese a haber estado esposados y haber sido tratados como si estuvieran arrestados, solo declararon como testigos y luego los trasladaron a una oficina cercana hasta que se retiraron, alrededor de las 21 hs.
Ambos fueron entrevistados por el propio Galeano, quien desconfió de la veracidad de sus dichos y los instó a decir la verdad, aunque las vivencias de cada uno fueron diferentes:
“Se sentó, me convidó un cigarrillo y me dijo que contara todo sobre ‘la gente de traje’ -supongo que por mi jefes-, pero le expliqué que no sabía más de lo que había dicho porque solo era un chofer para traslado de detenidos y no podría sostener una mentira”, recordó Toledo.
“Me estaba interrogando una persona, después llegó el juez y le dijo al custodio del Servicio Penitenciario que me quitara las esposas y se retirara; cuando estuvimos a solas leyó mi declaración y me dijo que era todo mentira, que no me hiciera el pelot… y pensara en mi esposa y mis hijos porque si no decía la verdad, me tiraría el Código Penal por la cabeza y me dejaría toda la vida preso”, se diferenció Casas.
“Después volvió el primer hombre, siguió interrogándome y me dijo que Toledo estaba declarando todo lo contrario”, completó.
Su vinculación con la causa revivió en 2000, cuando fueron procesados por falso testimonio y así llegaron al juicio oral del año siguiente.
“Galeano me sobreseyó, pero las partes apelaron”, lamentó Toledo.
En el debate, ninguno de los dos declaró, un abogado de Ibarra los acusó de haber mentido “por instigación del juzgado” y a cambio de que no les imputaran una tentativa de extorsión a Telleldín y el fallecido fiscal Alberto Nisman pidió una pena de tres años de prisión para Casas y uno para Toledo, las cuales podían quedar en suspenso.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal Nº 3 los absolvió, como al resto de los acusados.
Tras las testimoniales, la abogada del ex titular de la DAIA Rubén Beraja, Valeria Corbacho, explicó que a fin de refutar las declaraciones de las referentes de Memoria Activa, Adriana Reisfeld y Diana Wassner de Malamud, pedía la incorporación a la causa de dos videos de Youtube y una nota de Horacio Verbitsky en Página/12, de 1997.
A su turno, la defensa del ex presidente Carlos Menem solicitó que se libre oficio al CONICET para que identifique quiénes eran los superiores de Wassner en julio de 1996, a fin de citarlos a declarar y que ratifiquen que el ex mandatario exigió que la echaran del organismo.
El juicio continuará el jueves que viene, con la declaración de los ex policías bonaerenses Cruz y Walter Castro.
Cabe recordar que la semana pasada no hubo audiencia porque el jueves fue feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia.