Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- El destituido juez Juan José “Galeano me dijo que si no declaraba lo que quería me metería preso y me haría echar de la Policía, y cumplió”, denunció hoy, jueves, el ex subcomisario de la Bonaerense Jorge Rago en la vigésima audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA.
Carlos Alberto Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, contó que el 14 de julio de 1994 logró evadir un intento de detención por parte de efectivos de la Brigada de Vicente López, quienes por la noche fueron a su casa y arrestaron a su amigo Hugo Pérez por averiguación de antecedentes, con el propósito de que él pagara una coima por su liberación, y que entre los policías estaba el testigo.
Entonces le pidió una recomendación al ex subinspector Diego Barreda, del cual era amigo, quien le aconsejó que se reuniera con el abogado Juan Alberto Bottegal para que actuara como negociador, tras lo cual le transfirió al letrado un barco y Pérez quedó libre.
Rago no pudo referirse a estos hechos porque sigue imputado como coautor de asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público, secuestros extorsivos y extorsión en contra de ambos dado que la causa permanece abierta por una disputa de competencia entre dos jueces
En cambio, su testimonio se centró en relatar su trayectoria policial y los pesares de su detención y en descalificar a Galeano y la Cámara de Apelaciones, si bien no los denunció penalmente porque “la impunidad era tan grande que nada prosperaría”.
Rago contó que en junio de 1996, Gustavo Semorile, quien creía que todavía era el defensor de Telleldín, pero en rigor era el “testigo de identidad reservada Nº 2”, fue a verlo a la brigada, le dijo que venía de parte de Galeano y que para evitar su detención por el atentado debía acompañarlo a una reunión con el juez.
Esta entrevista fue “informal” y no quedó constancia en el expediente, aunque habría sido filmada, según declaró en el juicio anterior el ex prosecretario Claudio Lifschitz, quien agregó que ese video fue uno de los que el magistrado luego ordenó quemar.
Luego, el testigo se limitó a preguntarles a sus subordinados Anastacio Leal y Mario Bareiro si habían “tenido trato o hecho procedimientos conjuntos” con el entonces subcomisario bonaerense Juan José Ribelli, principal acusado por la “conexión local” del atentado a la AMIA.
Como no accedió a lo que Galeano le exigía, unos veinte días después, el 12 de julio de 1996, fue arrestado y estuvo preso más de dos años; 55 días después de su liberación, volvieron a detenerlo.
Rago también denunció una “persecución” contra su hermano Daniel, quien había compartido cursos de capacitación con Ribelli, para “quebrar” su voluntad “y que declarara como querían”.
Finalmente, la única referencia que hizo el testigo a la comunidad judía fue tangencial, cuando creyó recordar que a ella había dirigido una carta el “mitómano y múltiple asesino” Ramón Solari, quien estaba preso y dijo tener información clave sobre el atentado, para luego cambiar su versión y acusar a ex policías bonaerenses de haberlo preparado para desvincularlos.
Todas las partes coinciden en que fue un desvío de la pesquisa para obtener su traslado a una cárcel federal, aunque difieren a la hora de responsabilizar de ello a los ex uniformados o a los investigadores, como fue el caso del testigo de hoy: “Galeano y los fiscales sabían que mentía, pero lo usaron como un elemento de cargo contra los policías”.
Tras un cuarto intermedio de casi 90 minutos, esta segunda vuelta de testimoniales de uniformados retirados proseguirá con el ex subinspector Diego Barreda, también imputado como coautor de asociación ilícita, secuestros extorsivos y extorsión en la misma causa.
Tal era la confianza que le tenían que la entonces concubina de Telleldín, Ana María Boragni -ambos imputados en este juicio-, que cuando ésta advirtió la presencia de extraños fuera de su casa, una semana después del atentado, lo llamó para pedirle ayuda.
En el debate, Bareiro relató que Barreda le avisó que la mujer lo había llamado porque gente merodeaba su casa y entonces ambos fueron a verla.
Boragni les dijo que temían haber “comercializado” la camioneta utilizada en la AMIA porque el comprador no había vuelto a retirar documentación y el domicilio que había dado era falso.
Bareiro y Barreda vieron el supuesto boleto de compra-venta de la Trafic y cuando salieron de la casa fueron interceptados por una comisión mixta de la Policía Federal y la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Tras identificarse, propusieron convencer a Boragni de colaborar con la investigación y lograr el regreso de su concubino, quien estaba de viaje, tal como finalmente ocurrió gracias a su intermediación.
Bareiro también confirmó que 30 ó 40 días después concurrieron a la sede de la SIDE sita en Estados Unidos y La Rioja, donde “Jaime Stiler” (Antonio Stiuso) les propuso ampliar el contacto con el entorno de Telleldín y tratar de conseguir información acerca del eventual comprador de la Trafic.
Estos hechos serán reiterados mañana por Barreda, quien también ahondará acerca de su denuncia de haber sido presionado, a través de su padre y por supuestos enviados del juez, para declarar contra Ribelli.
Otro hito en este juicio es la última presencia de Elizabeth Gómez Alcorta, quien había quedado al frente de la querella de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta esta jornada, tal como lo había adelantado en su carta de renuncia.
Está acompañada por su futura reemplazante, Mariana Stilman, designada por el nuevo titular del organismo, el ex senador radical Mario Cimadevilla, tras la dimisión o despido de la mayoría de los integrantes de esa parte.
