Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Mañana, jueves, comenzará una nueva etapa del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con el inicio de la declaración de más de 140 testigos, el primero de los cuales será el ex comisario Juan José Ribelli, uno de los cuatro policías bonaerenses que fueron acusados y luego sobreseídos como autores materiales del ataque que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertos y decenas de heridos.
La semana pasada y tras la lectura de dos escritos que oportunamente presentara en la instrucción el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el menemismo, Hugo Anzorreguy, quien se negó a declarar, el Tribunal Oral Federal N° 2 -integrado para la ocasión por Jorge Gorini, Karina Perilla y Néstor Costabel, con Domingo Altieri como suplente- dio por concluida la etapa de las indagatorias de los trece imputados y anunció el futuro testimonio del ex uniformado, lo cual motivó la oposición del abogado de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
Éste adujo que los policías bonaerenses que fueron acusados del atentado -Ribelli, Anastasio Leal y Mario Bareiro, dado que Raúl Ibarra falleció- estaban imposibilitados de comparecer porque cuestionan su detención en 1996 por hechos que incluyen extorsiones y asociación ilícita que todavía están en trámite, de modo que no pueden ser obligados a declarar contra sí mismos, pero sí están habilitados para mentir, lo cual perjudicaría a sus clientes.
En tanto, los acusadores insistieron con sus declaraciones y en la extemporaneidad del planteo, ya que el listado de testigos fue aprobado el año pasado, apoyados por los nuevos fiscales a cargo de la causa.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran familiares de víctimas del atentado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación del destituido juez Juan José Galeano, su ex prosecretario Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el espía prófugo Antonio Stiuso.
El último de los convocados, con el debate ya iniciado y a pedido del letrado de 18J, Horacio Etcheverry, fue el ex abogado de la AMIA y de familiares de víctimas Luis Dobniewsky.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el jueves 6 de agosto y podría durar hasta dos años, reúne dos causas: el pago ilegal de 400.000 dólares de la entonces SIDE al imputado Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, con aval judicial, para que acusara -se presume que falsamente- a esos policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado con el Presidente de entonces, Carlos Saúl Menem, y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido el magistrado y los fiscales.
Por ambos hechos están imputados Galeano y Anzorreguy, mientras que solo por el primero se acusa a Mullen, Barbaccia, el ex espía Patricio Finnen, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el propio Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda (ya condenado por la destrucción o pérdida de pruebas).
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron al fallecido Alberto Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001 a 2004, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.