Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- Hoy, jueves, se reanudó el juicio oral y público por encubrimiento del atentado a la AMIA con la sexta audiencia, con las declaraciones indagatorias del entonces subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchézar, y el ex espía Patricio Finnen sin público ni prensa.
Ello fue dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado para la ocasión por Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Altieri como suplente, pese a que en el proceso anterior, sustanciado entre 2001 y 2004, los espías hablaron con total libertad, tras la firma de sucesivos decretos en 2003, poco después de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.
Sin embargo, los jueces optaron por un criterio mucho más restrictivo, que decepcionó a los querellantes, la prensa y el público en general, mayormente vinculado con los acusadores.
Anchézar, quien se ausentó de algunas de las sesiones anteriores o las siguió por videoconferencia desde una sala contigua por problemas de salud, habló dos horas sobre la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, que es clave para la “pista siria” del ataque terrorista, y solo aceptó responder preguntas del tribunal, la Fiscalía y su defensa.
Fue imposible reconstruir sus dichos porque las partes presentes se negaron a revelar detalles por temor a violar la Ley de Inteligencia.
Tras un cuarto intermedio de 15 minutos comenzó a declarar el ex espía Patricio Finnen, quien encabezaba la Sala Patria de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y quien le llevó los 400.000 dólares al entonces juez Juan José Galeano, quien autorizó su entrega a Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, para que acusara -se presume que falsamente- a un grupo de policías bonaerenses.
Su indagatoria también se lleva a cabo sin público ni prensa.
Luego sería el turno del propio receptor del dinero y de su ex abogado Víctor Stinfale.
Los imputados pueden aceptar o negarse a declarar, sin que ello constituya indicio negativo en su contra, y aun si aceptaran hablar, podrían no responder preguntas o acceder solo a las del tribunal o las partes que consideren legitimadas, en virtud de los cuestionamientos que realizaran al momento de las cuestiones preliminares.