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Itongadol/AJN.- Tras meses de especulación, se espera que España apruebe la nueva ley de ciudadanía hoy, la cual permitirá que los descendientes de judíos que fueron forzados a huir del país en 1492 reciban el pasaporte español.
El Proyecto de Ancestros Sefardíes permitirá que aproximadamente 2.2 millones de descendientes apliquen para la ciudadanía española, la cual podrán tener junto con otra. Hasta ahora, solo ciudadanos de países sudamericanos, Andorra, Portugal y las colonias españolas tenían este derecho.
La votación de España, que se hará esta tarde, se hace tras la aprobación en marzo de un plan de ciudadanía similar en Portugal para los judíos sefardíes cuyos ancestros fueron forzados a dejar el país.
Mientras que algunos esperaban que tener un apellido “que suene español” era suficiente para recibir la ciudadanía, el proceso no es tan simple. Las condiciones requeridas para hacer el pedido han sido pensadas por las autoridades españolas hasta el último minuto y contienen diez páginas, en las que se incluye una descripción detallada de un requerimiento de probar la conexión familiar con los judíos que fueron expulsados hace 523 años.
Los petitorios pueden basarse en documentos familiares guardados por generaciones, como certificados de nacimiento, de casamiento, un Ketubah (contrato de matrimonio judío) escrito según la tradición de los judíos de Castilla y otros similares. Además pueden reposar sobre la demostración del control del Ladino (un lenguaje judeo español) o el Haketia (un lenguaje judío marroquí romanza).
En la lista de condiciones, que serán examinadas en su totalidad, la legislación detalla qué documentos podrían fortalecer la aplicación, incluyendo aquellos de la Federeación de Comunidades Judías de España, una aprobación de una autoridad rabínica certificada y otros. Aquellos que buscan obtener la ciudadanía también deberán probar sus lazos con España con documentos que confirmen que los solicitantes tomaron clases de historia o cultura española.
Tra su aprobación, la ley entrará en efecto el 1 de octubre. El proceso tomará un año, informó el medio israelí Ynet.