Israel se dispone a apretarse el cinturón. Todos los trabajadores del país destinarán un 1% de su salario para financiar la guerra contra los palestinos si prospera el plan de austeridad económica que trata de poner en marcha el primer ministro, Ariel Sharon. La severidad del programa financiero amenaza con provocar una crisis en el seno del Gobierno de Unidad Nacional, del que podrían salir los radicales religiosos y la izquierda laborista. Nadie quiere pagar la cuenta. Un plan de austeridad trata de recortar en 3.000 millones de dólares (3.390 millones de euros) el presupuesto nacional.
Ha llegado el momento de pagar la factura de la guerra contra los palestinos y la erosión económica provocada por el año y medio de Intifada. La situación es grave, y la cuenta, elevada. Esto ha obligado a Ariel Sharon a poner en marcha un plan de austeridad para recortar el presupuesto en 13.000 millones de shekels (3.390 millones de euros). Se estudia la posibilidad de gravar las hojas de salarios de todos los israelíes con un nuevo impuesto de un 1%. Un impuesto de guerra que se pagará de manera solidaria, sin distinciones, y que irá a parar a las arcas del Estado. El plan contempla también la posibilidad de incrementar los impuestos indirectos sobre algunos productos de consumo, entre un 17% un 18%, e incluso subir el precio de la gasolina en un 12%.
Los asesores económicos de Sharon aseguran que estas medidas no bastan y que al aumento de los impuestos habrá que añadir el recorte de las prestaciones sociales, incluidas el subsidio de desempleo y la reducción de los gastos suntuarios y sociales en todos los ministerios. El Gobierno, como contrapartida, contempla incrementar las ayudas a los hijos de los soldados profesionales o a los de leva que se encuentran en el frente.
El simple enunciado de alguna de estas medidas ha provocado ya la reacción airada de los sectores ultraortdoxos, que ven amenazadas las ayudas y subvenciones que reciben. Estos mismos sectores, exentos de servir en el Ejército, no podrían tampoco optar a las ayudas familiares excepcionales para los hijos de los soldados.
«Todo esto es una excusa para cortar las ayudas sociales a los religiosos», aseguraba ayer en voz alta Yaakov Litzman, dirigente del partido Unidad del Torah y del Sionismo. Al mismo tiempo, dejaba planear la posibilidad de abandonar el Gabinete y retirar su apoyo a Sharon. La ira de esta minoría religiosa, en su mayoría askenazíes (judíos venidos del corazón de Europa), coincide con la de los radicales religiosos del partido Shas (sefardíes provenientes de España y de los países árabes), devoradores voraces de ayudas gubernamentales para financiar sus colegios y centros sanitarios. La izquierda laborista no se ha quedado tampoco atrás en su protesta contra el plan de austeridad de Ariel Sharon. Conclusión: nadie quiere pagar.
El debate económico ha cogido por sorpresa a los 20.000 reservistas, movilizados para la Operación Muro Defensivo. Al regresar a casa, en algunos casos se han encontrado con una carta de despido de sus empresas. Se sienten traicionados y abandonados. «Cuando volví, me dijeron que me habían despedido», aseguraba Hanan Leibowitz, de Rishon Lezion, casado, padre de dos hijos, que regresó hace pocos días del frente. No es un caso aislado. El Ministerio de Defensa ha reaccionado con indignación, ha puesto en marcha una línea telefónica para ayudar a los reservistas despedidos y ha colocado en pie de guerra al mismísimo ministro Benjamín Ben Eliezer. «Haremos públicos los nombres de las empresas», amenazó.El País