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AMIA/Irán. Un grupo de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA busca frenar el amparo que pide la nulidad del memorándum

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Itongadol/AJN.- Representantes de la Asociación 18 J Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA se presentaron ante la Justicia para frenar un amparo que pide la nulidad del memorándum de entendimiento que la Argentina firmó con Irán en relación a la causa que investiga el atentado a la AMIA.
En una presentación realizada ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa AMIA y quien debe decidir un pedido de nulidad de la ley que habilita el acuerdo firmado con Irán presentado por la AMIA y la DAIA, los familiares justificaron su intervención frente a este reclamo al entender que puede “afectar” la causa AMIA.
Según el documento al que tuvo acceso la Agencia Judía de Noticias (AJN), la presentación lleva las firmas de Juan y Olga Degtiar, Jacobo Furman, Graciela Linial, Jorge Jurin, Sergio Burstein, Mariano Burstein y Romina Burstein, todos querellantes en la causa por la voladura de la AMIA.
Frente al reclamo para que la Justicia declare la nulidad de la ley que aprueba el tratado suscripto el 27 de enero pasado en Adis Abeba, Etiopia, entre los cancilleres Héctor Timerman, de la Argentina, y Ali Akbar Salehi, de Irán, los familiares no solo justificaron la sanción de la norma que dio validez al tratado sino que, además, apuntaron que la causa que investiga la voladura de la institución comunitaria se encuentra “virtualmente paralizada”.
Esto se debe a la imposibilidad de indagar a los ciudadanos iraníes, pese a la orden de captura internacional dispuesta por INTERPOL.
Los familiares resaltaron que a siete años del llamado a indagatoria dispuesto por la justicia argentina contra los iraníes sospechados de haber participado en el acto terrorista de 1994, en el que murieron 85 personas, “nada se ha podido avanzar procesalmente al respecto”. “Al punto tal llega esta situación que aún cuando la Fiscalía a cargo de la investigación ha profundizado y ampliado el marco probatorio original, poco se puede continuar en la causa si no se produce el paso procesal correspondiente”, advirtieron.
“La inexistencia de un órgano judicial común que permita resolver la controversia suscitada por la negativa de Irán a enviar a los imputados a la Argentina, vuelve la solución una cuestión política entre estados y ajena al sistema judicial que carece de imperium para hacer cumplir sus resoluciones en Irán”, expresaron los representantes de 18J a través de la presentación ante la justicia.
Para los familiares está claro que “la intención del memorando atacado sería justamente tratar de resolver la situación planteada” por la imposibilidad de indagar a los iraníes.
“Sin dudas lo ideal y perfecto según nuestro régimen jurídico sería tener a los imputados en nuestro país para ser interrogados conforme lo dispone el Código Ritual”, aclararon los familiares, quienes ratificaron que el memorándum de entendimiento es una alternativa “viable”, en la medida que resulte útil para “destrabar la tramitación de la causa”.
“Más allá de las sospechas o desconfianza que en muchos pueda generar la República de Irán, es allí donde se encuentran quienes deben responder ante nuestra justicia, y solo con la República de Irán se puede resolver esta controversia”, explicaron.
Los familiares aseguraron que el tratado no significa “intromisión alguna en el Poder Judicial” y resaltaron que “muy por el contrario, el Tratado ofrece un marco en el que se podrían hacer efectivos los pasos procesales que detienen la causa”.
Asimismo, los familiares dieron cuenta de que la conformación de la Comisión de la Verdad que prevé el acuerdo, tampoco implica sacar de la jurisdicción de la justicia argentina la causa AMIA.
Además, señalaron en la presentación que “la posibilidad de interrogar a los imputados en el exterior, es una actividad procesal habitual en los casos que hace falta, incluso reglado mediante acordada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Los familiares sostuvieron que si la justicia argentina entendiera improcedente la aplicación del acuerdo, sólo tiene que abstenerse de aplicarlo, dado que eso no se traduciría en ningún perjuicio para la causa.
“Tampoco resulta obstáculo la razón invocada por quienes objetan el Tratado de que permite conocer las pruebas reunidas en el expediente a los imputados, pues para nuestro derecho es un derecho del imputado conocer la prueba que funda la imputación. Solo en casos excepcionales se podría omitir este conocimiento y ya es más que conocido el resultado del oscurantismo en la investigación y lo que ha producido en esta causa”, agregaron en los argumentos.
Ante esta situación, los representantes de la Asociación 18J indicaron que “ninguna razón invocada” puede a priori “justificar la anulación” del acuerdo firmado con Irán.
Incluso este grupo de familiares expresó que el tratado es “una pequeña luz para llegar algún día a la verdad y el castigo de los culpables”.
Los familiares se manifestaron convencidos que “solo de esta forma (a través del memorándum), la inmensa tarea investigativa de la Fiscalía encontrará su corroboración a través de una sentencia” al tiempo que apuntaron que por “mal que nos pese, solo es una acusación”.
“Solo un Tribunal podrá confirmar o no las imputaciones y en su caso condenar a los responsables; si ello no sucede, solo nos quedamos con las acusaciones que pretende sostenerse como la verdad judicial misma, cuando legalmente no lo son aun”, agregaron.
Casi en el tramo final de la presentación, los familiares hicieron una solapada crítica a la dirigencia comunitaria que pidió la inconstitucionalidad del tratado al señalar que “ellos reclaman por ladrillos y su homenaje se restringe a ellos”. “Nosotros hemos perdido nuestra sangre, homenajeamos a nuestros muertos en el cementerio, y encontramos que el mejor homenaje que podemos realizar es mediante la realización de un juicio justo que establezca las responsabilidades existentes y sancione a los responsables”, agregaron.
Finalmente, los familiares piden a la justicia que se tenga en cuenta sus posición a la hora de fallar sobre la constitucionalidad del acuerdo.

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