No es cierto que el juicio oral que está por concluir lleve al fracaso de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA, como repiten algunos sectores que consideran que los tres jueces se dedicaron a «investigar la investigación» que realizó durante siete años el magistrado Juan José Galeano.
Al contrario. Si en estos casi tres años de audiencias logró saberse poco sobre el atentado contra la mutual judía, ha sido responsabilidad de la instrucción de Galeano, artífice del tramo sometido al juicio.
Y si en el juicio surgieron muchas presunciones de graves irregularidades del juez y de los fiscales -que motivaron sus apartamientos de la causa- no puede responsabilizarse al tribunal, sino, una vez más, a Galeano y a los fiscales, y a las querellas que los acompañaron y apoyaron durante todos estos años. Lo inédito del caso para la Argentina es que fue la propia Justicia la encargada de poner sobre el tapete las posibles irregularidades de la instrucción, en vez de apañarlas, como ha ocurrido en otros casos.
Una paradoja
Y esto, paradójicamente, significa un avance en la investigación. Porque el cúmulo de anormalidades de la causa AMIA -el pago de 400.000 dólares y un sueldo al principal acusado, importantes testigos que no fueron citados, actas falsas, informes adulterados, pérdida de decenas de casetes con grabaciones a sospechosos- alienta la hipótesis de que tal vez desde el gobierno de Carlos Menem se pretendió ocultar alguna verdad francamente impresentable -¿que la conexión local fue mucho más grande e importante que la internacional?-, y que para ello se usó o se engañó a la Justicia.
Así, investigar la investigación del atentado puede ayudar a esclarecerlo; investigar no sólo el papel de la Justicia, sino el de otros «investigadores», como la SIDE y la Policía Federal, que perdieron pruebas valiosas.
El atentado que demolió la AMIA el 18 de julio de 1994 no fue el único de la década menemista. En los otros dos -el perpetrado contra la embajada de Israel hace doce años, y el de la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, hace nueve- se ve un mismo patrón de investigaciones truncas e impunidad. Aunque técnicamente abierta, la causa de la Embajada está muerta: la instruyó la Corte. La de Río Tercero, donde desaparecieron tres barrios, se investigó durante ocho años como un simple accidente. Cuando el año último se probó el atentado -mérito también de un tribunal oral federal-, se paralizó y desde entonces no hay investigación alguna.
LA NACION