Un panel encabezado por juez retirado de la Corte Suprema de Israel concluyó que no hay “ocupación” y que la ley internacional permite que los judíos vivan en Judea y Samaria.
Las conclusiones del comité representan un giro revolucionario de pensamiento contra la visión ampliamente aceptada por la comunidad internacional de que las comunidades judías en esos lugares son parte de una “ocupación” prohibida por la ley internacional.
Edmund Levy, que sirvió a la Corte Suprema del 2001 hasta su retirada, encabezó un comité de tres hombres que concluyó que desde una perspectiva histórica y legal, y considerando los acuerdos con la Autoridad Palestina, la ley internacional contra la “ocupación” no se aplica en Judea y Samaria.
Destacó que la soberanía sumida por Jordania sobre la mayor parte de esas zonas después de la Guerra de la Independencia de 1948 no fue reconocido legalmente por la comunidad internacional, lo que significa que Israel no “ocupó” las mismas tierras durante la Guerra de los Seis Días en 1967.
Virtualmente, toda la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, ha etiquetado continuamente a Israel como un “ocupa”, basándose en la noción de que tomó tierras jordanas en la guerra. De hecho, la tierra fue administrada por Gran Bretaña bajo el Mandato de Sociedad de las Naciones luego de la Primera Guerra Mundial e iba a ser dividida entre Israel y un país nuevo de trans-Jordania luego de la declaración de Israel como un estado independiente.
Las naciones árabes, incluyendo Jordania, no aceptaron el plan de partición e intentaron aniquilar al joven estado de Israel sin éxito. Jordania luego ocupó la mayor parte de Judea y Samaria después de la guerra.
Las conclusiones del comité Levy serán entregas al fiscal general israelí Yehuda Weinstein, según informó el periódico en hebreo Yisrael HaYom. Él ha dicho previamente que no está obligado a aceptar las ideas finales del mismo.
El comité dijo que la ley internacional no se aplica a Judea y Samaria y recomendó que el gobierno no destruya casas y expulse familias de las comunidades que fueron construidas con la aprobación del gobierno. Agregó que las limitaciones financieras impedían que se examinen otras comunidades y asentamientos, usualmente construidos en barrios que no tienen un vínculo territorial a la comunidad de origen. Sin embargo, destacó que es difícil creer que fueran construidas sin el conocimiento de los ministros del gabinete.
También dijo que el gobierno debería hacer sus políticas claras para evitar que haya diferentes interpretaciones cuando se aprueban nuevas comunidades. El comité sugirió que los árabes y los judíos registren sus reclamos de tierras en cuatro o cinco años o pierdan sus derechos.
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