En su sitio web, el Keren Hayesod, principal ONG de Israel, nombra a un extenso informe publicado a fines de febrero en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusa al gobierno de Venezuela de promover un ambiente de “intolerancia política” y un “clima hostil para el libre ejercicio de la participación política en disentimiento”.
El informe habla sobre la prevaleciente “inseguridad ciudadana” en el país y se guardó sus más fuertes críticas hacia la “impunidad prevaleciente que afecta casos de violaciones de derechos humanos”, en la que incluye casos de mala conducta policial, abuso de la autoridad y hasta tortura.
Keren Hayesod indica que la información sobre la situación de la comunidad judía llega en parte de fuentes del gobierno venezolano y en parte de grupos judíos con gran preocupación en el tema, como la B’nai B’rith Internacional y la Coalición para Preocupaciones Judías-Amcha, una red de Estados Unidos que defiende y trabaja “en nombre de judíos en riesgo”.
Comenzando en el párrafo 780 del informe, que está disponible en el sitio web de la organización, la comisión expresa “preocupación” sobre “informes que indican que la comunidad judía de Venezuela está siendo especialmente afectada por incidentes violentos”.
El trabajo cita al discurso antisemita en los medios y entre funcionarios del estado, combinados al vandalismo y a persecuciones “no explicadas” por la policía venezolana y concluye que tales incidentes contribuyen a “crear una atmósfera de intimidación y violencia contra la comunidad judía de Venezuela”.
La comisión se comprometió a seguir de cerca los pasos tomados por autoridades venezolanas para “que no se reiteren tales actos violentos contra la comunidad judía en Venezuela y para establecer la verdad sobre los incidentes, además de castigar a los culpables”.