En la Secretaría de Derechos Humanos hoy fue presentado el «Informe sobre la situación de los detenidos-desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina entre 1976 y 1983», efectuado por la DAIA a través de su Centro de Estudios Sociales (CES) y que había sido entregado en 1999 al juez español Baltasar Garzón.
En el acto estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el vicepresidente primero de la DAIA, Angel Schindel, y la directora del CES, Marisa Braylan.
En el informe se encuentran investigaciones y testimonios sobre sobrevivientes, familiares y testigos que comprueban que dentro del contexto general de torturas y negación absoluta de los derechos básicos de todos los ciudadanos, en relación a los judíos hubo un trato particular, desde los secuestros hasta la aplicación de tormentos, por un parentesco particular de los torturadores con el nazismo y el antisemitismo.
En el documento también hay una carta-compromiso de la DAIA, entregada a los familiares de detenidos-desaparecidos judíos argentinos durante la última dictadura, donde no sólo se reconocen errores del pasado, sino también hay un compromiso de la institución con la lucha por los derechos humanos.
En referencia a la carta, Duhalde destacó el compromiso de la DAIA de volver a debatir ciertos temas, haciendo autocríticas y distinguiendo la omisión de algunos individuos o instituciones del apoyo concreto que dieron otros.
«Enfrentar a la dictadura en aquel momento exigía heroicidad y no es una exigencia que se le pueda pedir por igual a todos los ciudadanos», expresó.
Por su parte, Braylan afirmó que los archivos y documentos reunidos en el informe elaborado por el CES pasarán a formar parte de una sección dedicada especialmente a los desaparecidos judíos y al antisemitismo en el Archivo Nacional de la Memoria, que funcionará en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura.
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