La historia comienza en julio de 1994. El edificio de la AMIA, el organismo central de asistencia social de la comunidad judía de la Argentina, fue reducido a escombros en un atentado terrorista en el que murieron 85 personas y muchas más resultaron heridas. (Dos años antes, otro atentado terrorista en Buenos Aires había tenido como blanco la embajada de Israel, donde murieron 29 personas).
En los años siguientes, a pesar de nobles pronunciamientos por parte de sucesivos gobiernos argentinos sobre la necesidad de administrar justicia y de la aparición de pistas prometedoras, la causa, básicamente, no avanzó. Sin embargo, en 2003 las cosas dieron un giro favorable, cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner. El se comprometió a remover cielo y tierra para atrapar a los culpables.
Quienes estaban convencidos de que la Argentina no tenía la voluntad política de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, inicialmente recibieron con escepticismo esas declaraciones. Sin embargo, se equivocaron. Kirchner cumplió con su palabra. Designó a un fiscal especial, Alberto Nisman, y le dio libertad para que formara un equipo de primer nivel y siguiera las pistas adonde fuera que lo llevasen. Nisman hizo exactamente lo pedido. En el otoño de 2006, confirmó lo que muchos habían sospechado: había una línea directa entre el atentado a la AMIA y Medio Oriente.
Los cerebros del atentado terrorista pertenecían a los niveles más elevados del gobierno iraní, a quienes se incorporaba al menos un efectivo reconocido de Hezbollah. Nisman señaló a ocho iraníes, incluyendo a un ex presidente, un ministro de relaciones exteriores y un ex embajador de Irán en la Argentina. (El líder de Hezbollah, Imad Fayez Mughniyah, ya estaba siendo buscado por otros países por su participación en numerosos ataques terroristas.)
Nisman presentó sus hallazgos bien documentados al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien los aprobó. Los nueve están ahora formalmente acusados por la Argentina de crímenes de lesa humanidad. El paso siguiente consistía en presentar las pruebas a Interpol para solicitar que se emitieran órdenes internacionales de captura. En marzo de 2007, después de una recomendación de la Oficina de Asuntos Legales de Interpol, el comité ejecutivo de trece miembros, elegido por la asamblea general, se reunió para analizar la solicitud de la Argentina.
Nisman viajó a Lyon para la reunión. Hizo una presentación y respondió preguntas. Irán, que se opuso a la solicitud, envió a un abogado inglés nacido en Irán para presentar su posición. El comité ejecutivo votó a favor de emitir «alertas rojas» (avisos no vinculantes con pedido de captura a todos los países miembros de Interpol) involucrando a seis de los nueve nombrados por la Argentina.
«El comité ejecutivo analizó cuidadosamente toda la información que se le presentó, y a la luz de las reglamentaciones de Interpol considera que las conclusiones de la Oficina de Asuntos Legales en cuanto a la emisión de estas seis alertas rojas son correctas,» dijo el presidente de Interpol, Jackie Selebi, de Sudáfrica, en un comunicado de prensa fechado el 15 de marzo.
En cuanto a los tres iraníes restantes -Alí Rafsanjani, Alí Akbar Velayati y Hadi Soleimanpour- se los descartó por sus cargos políticos, y no porque se los considerara necesariamente ajenos al atentado.
La historia no termina allí. Irán cuestionó la decisión. En virtud del artículo 24 de Interpol, la cuestión se debía elevar a la asamblea general. Sin dejar nada librado al azar, Irán lanzó una ofensiva diplomática. Según las reglamentaciones de Interpol, las decisiones se definen en la asamblea general por simple mayoría. Cada país tiene un voto. Irán tiene pocos aliados en el mundo actual. Por lo tanto, se ha aproximado a los países en desarrollo de Africa, Asia y Medio Oriente. Muchos de estos países han sido víctimas de ataques terroristas y, por ende, no sienten especial simpatía por las solicitudes de Teherán. En consecuencia, Irán ha recurrido, se nos ha dicho, a las herramientas diplomáticas internacionales probadas que se pueden denominar solamente soborno y chantaje.
Inundado de dinero gracias a los ingresos provenientes del petróleo, cuyo precio hoy día es sumamente alto, Irán puede ser pródigo. Por otro lado, también puede amenazar, retorcer brazos, retener y engatusar a sus interlocutores renuentes.
Por supuesto, lo que a Teherán le agradaría es presentar ésta como una batalla contra el «satánico» EE.UU. o la «conspiración sionista», que según considera, le granjearía automáticamente simpatía y apoyo.
En realidad, después de que Kirchner, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hizo un llamamiento a la cooperación de Irán y al apoyo global en la asamblea general de Interpol, un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó al líder argentino de estar «bajo presión de los sionistas».
Pero hay un problema: la historia no atrajo adeptos. El principal adversario de Irán, el que lo está persiguiendo tenazmente, es la Argentina, un país en desarrollo. Y el presidente Kirchner, como sabe todo aquel que haya seguido su actuación en el gobierno, es un individuo independiente a ultranza. Y no acepta indicaciones de nadie. La política exterior de su país no es fácil de caracterizar. Y si bien a los líderes iraníes les puede resultar difícil comprender el concepto, el Poder Judicial argentino no está en deuda con ningún gobierno.
Sin duda, los Estados Unidos quisieran que la posición argentina prevaleciera en Marrakech. También Israel. Y también deberían quererlo las naciones que comprenden el flagelo del terrorismo, el papel de Irán como Estado que patrocina el terrorismo y la necesidad de mantener una posición firme contra quienes violan fronteras para tomar como blanco a civiles inocentes.
Por lo tanto, si bien Irán pretende politizar el caso, para la Argentina no se trata de política, sino de justicia. Justicia demorada, sin duda, pero justicia al fin.
Y así, mientras se aproxima rápidamente la asamblea general, es mucho lo que está en juego. Informes recientes sugieren que Irán puede intentar demorar la votación, si no ha logrado captar una mayoría que apoye su posición. Pero, por supuesto, es mucho lo que puede ocurrir en los prolegómenos de la reunión, y ésa es la razón por la que no podemos esperar impasibles.
Una victoria de la Argentina en Marrakech no significará necesariamente arrestos en el corto plazo, pero enviará un mensaje contundente al mundo.
Aun si demora trece años, involucra pasos en falso, encubrimiento y comienzos inconducentes, si invierte incontables horas-hombre y corre riesgos diplomáticos, la Argentina no cederá. La nación fue atacada en 1994, sus habitantes fueron asesinados y mutilados y exige justicia.
La Argentina merece apoyo absoluto. Otras naciones que han sentido el brazo asesino del terrorismo internacional deberían seguir su ejemplo. Y los ojos del mundo deberían estar en Marrakech no sólo para ver el resultado final, sino también para saber, país por país, dónde se sitúa cada uno en esta votación crucial.
El autor es director ejecutivo del American Jewish Committee.
La Nacion