El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó al fiscal y a un abogado a prestar declaración indagatoria, es decir como sospechosos, para la semana próxima.
Un nuevo escándalo sacude la causa de la investigación del atentado contra la AMIA. Su principal protagonista es el fiscal adjunto Marcelo Martínez Burgos.
Según una denuncia, el funcionario judicial habría mantenido reuniones secretas con abogados cercanos a la Embajada de Irán en nuestro país con el único objetivo de hacer caer las acusaciones que pesan sobre ex funcionarios de ese país.
El abogado imputado es Juan Martín Cerolini, quien presentó un escrito en la causa en el que admitiría que habría cumplido gestiones encargadas por Martinez Burgos, según indicaron las fuentes.
Al hacerse pública la acusación que la Justicia argentina hizo a nueve ex funcionarios iraníes por la voladura de la mutual judia, la Embajada de Irán en Buenos Aires pensó en contratar a Cerolini, cuyo estudio ya había participado de forma exitosa en otro tramo de la
causa.
El plan inicial para contar con los servicios del estudio quedó en la nada cuando Teherán ordenó no impulsar una defensa de los ex funcionarios implicados por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, porque eso implicaría aceptar la acusación.
Ante la inminencia de la orden de captura por parte de Interpol de los nueve ex funcionarios implicados -entre los que se encuentra un ex presidente- algo debía hacerse para impedir la medida y otra vez se pensó en Cerolini.
Según recordaron las fuentes judiciales Cerolini debía convencer al fiscal Martínez Burgos -con quien mantenía una relación de amistad y hasta familiar- de que diera un paso al costado en la investigación y con eso comenzar una estrategia que tendiera a debilitar la pista iraní.
El objetivo consistía en que si uno de los fiscales daba a entender que se retiraba por una dudosa «fatiga mental» se produciría una eclosión tal dentro de la investigación que atentaría contra el resto de la causa, y por decantación sobre la pista de los iraníes, en la
que tanto Martínez Burgos como Alberto Nisman -fiscal principal de la causa- trabajaron durante los últimos años.
Así, se daría a entender que existía una gran disidencia entre ambos fiscales por haber involucrado a Irán en la causa y la debilidad de la acusación comenzaría a hacerse notar. El motivo oculto de la renuncia de Martínez Burgos no habría sido el de «fatiga moral» sino, por el contrario, un total desacuerdo sobre cómo se estaba manejando la investigación.
Así, Cerolini y Martínez Burgos comenzaron a reunirse en el lobby del Hotel Hilton de Puerto Madero, donde varios testigos aseguran haberlos visto con frecuencia.
El abogado que entabló el contacto era de esta manera el mediador entre el fiscal -quien debe investigar y juntar pruebas- y el acusado, en este caso Irán.
Los delitos que le imputarán serán los de «negociaciones incompatibles con sus deberes de funcionario público» y «prevaricato», aunque también podría existir «trafico de influencias», entre otras graves figuras.
Infobae, Derf