En agosto de 2003, una semana después de que la Justicia pidió su captura junto con la de otros doce imputados por el atentado a la AMIA, el gobierno británico detuvo al último embajador iraní en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour. El gobierno de Blair rechazó el pedido de extradición cursado desde la Argentina y lo dejó en libertad. Fue una decisión política: se habló en Londres de un contacto entre los entonces cancilleres Jack Straw y Rafael Bielsa y de la «incoveniencia» de la extradición del diplomático shiíta para la política británica en Irak, de mayoría shiíta. Cuando se van a cumplir cuatro años de la invasión a Irak, la captura de Soleimanpour probablemente es hoy inconveniente para Washington, como lo son las del ex presidente Rafsanjani, pieza clave en la negociación con Teherán, y el ex canciller Velayati. A menos que la causa AMIA se haya reducido a una sobreactuación —de Washington, de Teherán, de nuestro propio gobierno— la Argentina ha quedado una vez más en una posición incómoda.
Clarin
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