Ese mismo tribunal dará a conocer mañana su fallo en el caso de los llamados «asesinatos selectivos» de palestinos con el argumento de que son peligrosos para la seguridad israelí.
Entre los palestinos aislados en A-Ram, muchos de los cuales trabajan en Jerusalén, hay ciudadanos que son considerados residentes de Israel, informa el diario Jerusalem Post.
El juez Aharon Barak, que preside el tribunal formado por nueve magistrados, considera que el Estado israelí tiene derecho a determinar el trazado del «muro», pues se levantó en territorio del país por ser Jerusalén parte suya.
Israel se anexionó el sector oriental de la ciudad tras la guerra de 1967 y la consagró su «capital eterna e indivisible», aunque un tercio de sus habitantes son palestinos.
Tras esa proclama por una ley de 1980, las autoridades proporcionan a los vecinos palestinos, alrededor de 230.000 -un tercio de sus habitantes- la posibilidad de adquirir la ciudadanía israelí, aunque la gran mayoría la rechazó.
Una de las peticiones para que se cambie el itinerario del «muro», considerado ilegal por el Tribunal Internacional de La Haya, dependiente de la ONU, fue presentada por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, la organización «Bimkom» pro derechos humanos y numerosos habitantes de A-Ram.
La protesta se debe a que una sección de dos kilómetros y medio de esa valla, con paneles de cemento e seis metros de altura, les dificulta el acceso de buena parte de vecinos de esa localidad palestina de Cisjordania a Jerusalén, donde trabajan o estudian.
No obstante, el hecho de residir en la «capital de Israel» les otorga una serie de ventajas de las que no gozan los palestinos de Cisjordania ocupada, como los servicios médicos y otros del Seguro Nacional, y poder circular en sus coches sin restricciones.
El mismo tribunal enmendó ayer la llamada «Ley de la Intifada», que eximía al Estado de indemnizar a civiles no combatientes en «zonas de combate», según una definición del Ministerio de Defensa.
Tras la supresión de esa cláusula, centenares de palestinos damnificados, que no participaron en los actos de violencia, presentarán demandas por miles de dólares el Estado, según la interpretación de los expertos.
Los jueces, en cambio, dejaron en pie otra cláusula que estipula que el Estado no está obligado a indemnizar a personas que sufrieron daños causados en actos de guerra desde que comenzó el 28 de septiembre de 2000 el levantamiento a «Intifada de Al Aksa» contra la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza.
En ese caso, la ley se refiere a ciudadanos de un país enemigo o a terroristas que hubiesen sufrido las consecuencias de esos actos.
La cláusula suprimida eximía a Israel de compensar a damnificados por incidentes en los territorios palestinos, si el daño fue causado en sitios que el Ministerio de Defensa calificaba como «zonas de combate» aunque las víctimas no hubiesen intervenido en la lucha.