Si esto se confirma, los iraníes tendrán un representante formal en la causa, por primera vez en 12 años.
El 9 de noviembre pasado, cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de todos ellos, les ofreció que se presentaran y que designaran abogados.
Ellos no lo hicieron. Por eso, ayer el juez los declaró rebeldes. Dispuso, además, que se les nombrara un defensor oficial.
Los acusados, en tanto, están buscando un abogado. En los últimos días, representantes iraníes les ofrecieron a Juan Martín Cerolini y Marcelo Rochetti la defensa de los nueve prófugos, según confirmó una fuente vinculada con el estudio de los abogados.
Todavía no hay ninguna constancia de esto en el expediente, pero ayer Cerolini visitó el juzgado de Canicoba. Una fuente del tribunal relató que el abogado no presentó ningún escrito, pero estuvo reunido con funcionarios que participan de la investigación.
Cerolini ya trabajó en un caso conexo a la causa la AMIA. Defendió a un ex policía bonaerense que estaba acusado de integrar un grupo que supuestamente había secuestrado, en abril de 1994, a Carlos Telleldín, un desarmador de autos que estuvo preso por el atentado a la AMIA.
Entre los iraníes que Canicoba ordenó detener están el ex presidente Ali Akbar Hahsemi Bahramaie Rafsanjani y el embajador de Irán en la Argentina en el momento del ataque, Hadi Soleimanpour, quien ya fue detenido por esta causa hace dos años y liberado por falta de pruebas.
También, los ex ministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; los ex comandantes Moshen Rezai y Ahmad Vahidi; el ex jefe de Seguridad Exterior Imad Fayez Moughnieh; el ex consejero cultural de la embajada de Irán Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de esa delegación, Reza Ashgari.
La máxima autoridad diplomática de Irán en la Argentina, el encargado de Negocios Mohsen Baharvand, relató a LA NACION hace 20 días que todos estos acusados siguen siendo funcionarios del gobierno de Teherán.
Con sus clientes prófugos, no serán muchas las posibilidades de quienes sean sus abogados. La jurisprudencia mayoritaria sostiene que quien no se pone a derecho no puede pedirle nada a un juez que ha desconocido. No obstante, como está en juego el derecho de defensa, los abogados podrán intentar gestiones a favor de sus clientes.
La inminente designación de un abogado para los iraníes prófugos, que se suma a la reunión de la semana pasada del encargado de negocios Baharvand con el juez Canicoba (pedida por el diplomático), muestra un cambio en la relación del gobierno de Teherán con la justicia argentina. Irán ya anunció, no obstante, que no va a entregar a los acusados.
Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION