El ex presidente de Irán Alí Akbar Rafsanjani y otros ocho sospechosos de haber intervenido en el atentado a la AMIA fueron declarados en rebeldía hoy, debido a que no se presentaron ante la justicia argentina
tras el pedido de captura internacional en su contra.
La medida fue adoptada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral al vencerse la intimación para que comparecieran ante el juzgado, la cual había sido publicada en el Boletín Oficial, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Los voceros agregaron que el defensor oficial Roberto Dromi fue designado para asumir en forma provisoria la representación de los ex funcionarios, aunque en los próximos días se haría cargo el abogado Juan Martín Cerolini, según informaron fuentes judiciales.
El 9 de noviembre pasado, el juez ordenó la captura internacional de ocho ex funcionarios iraníes y un ciudadano libanés por su responsabilidad en el ataque a la mutual judía, masacre a la que declaró delito imprescriptible de «lesa humanidad», equiparado al genocidio.
El magistrado libró un exhorto a Irán para solicitar a ese país que arreste y ponga a los buscados a disposición de la Justicia, ya que se cree que casi todos residen actualmente en ese país.
Canicoba Corral consideró probado que existió una reunión el 14 de agosto de 1993 en Teherán, donde se resolvió atentar contra la AMIA y de la que participó el entonces presidente iraní.
Por eso ordenó detener a Rafsanjani, al ex embajador de Irán en Buenos Aires para la época del ataque, Hadi Soleimanpour; al ex ministro de Seguridad de Irán entre 1989 y 97, Ali Fallahijan; al ex canciller Ali Akbar Velayati y al ex consejero cultural de la Embajada en Buenos Aires, Mohsen Rabbani.
También al ex tercer secretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires Ahmad Reza Ashgari y de los ex comandantes de las guardias revolucionarias Pasdarans y QUDS, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi.
Además integra el listado el ex jefe del Servicio de Seguridad exterior del movimiento fundamentalista libanés Hezbollah, Imad Moughnieh, único no iraní y también con captura internacional por la voladura de la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992.
El martes, el encargado de Negocios de Irán en Argentina, Mohsen Baharvand, aseguró a Canicoba Corral que el gobierno de su país «no tiene nada ver» con el atentado y que los testimonios utilizados como prueba para ordenar las capturas corresponden a «los dos más peligrosos terroristas de Medio Oriente».
El diplomático dijo que los testigos pertenecen al grupo «Mujaidines del Pueblo», una organización disidente que «no quiere justicia», sino que «tiene como objetivo el aislamiento de Irán».
El atentado a la AMIA fue cometido el 18 de julio de 1994 en la sede de Pasteur 633 de esta capital y causó 85 muertos y cerca de 300 heridos.
Cuando dictó las capturas, previamente solicitadas por el fiscal federal Alberto Nisman, Canicoba consideró que «el criminal atentado ocurrido a la sede de la AMIA-DAIA constituye graves violaciones a los derechos humanos y reviste el carácter de delito de lesa humanidad, tipificado en la Convención para la Prevención y la sanción del delito de Genocidio».
Con esta decisión, el juez se convirtió en el primero que declaró imprescriptibles los crímenes cometidos en el ataque terrorista, un antiguo reclamo de las asociaciones de familiares y víctimas tanto de este hecho como de la Embajada de Israel.