El decreto 1223/2002, que salió publicado el jueves en el Boletín Oficial, dice: «Desígnase al señor Saúl Rotsztain representante especial para los temas vinculados con la comunidad judía en el ámbito de la sociedad civil». El decreto agrega que tendrá rango protocolar de embajador, y que su tarea será «ad honorem», es decir, sin percibir sueldo.
El decreto también fue firmado por el canciller Carlos Ruckauf, desde cuya cartera se propuso el nombre de Rotsztain.
La DAIA envió una carta al presidente Duhalde en la que le manifestó su «consternación» y «rechazo» a la iniciativa, y reclamó «la urgente revocatoria del decreto».
«Queremos expresar la consternación y el profundo rechazo que nos inspira el contenido del mencionado decreto por su carácter discriminatorio, al designar a un representante especial para los temas vinculados con la comunidad judía en el ámbito de la sociedad civil, figura que jamás fuera utilizada en nuestro país y que remite a episodios de doloroso recuerdo en la historia contemporánea», señala la carta del presidente y el secretario general de la DAIA, José Hercman y Julio Toker.
Por su parte, Familiares y Amigos de las Víctimas de la Masacre en la AMIA acusaron al gobierno de Duhalde de discriminación y racismo.
Los familiares, quienes calificaron irónicamente al funcionario designado como «el judío oficial», analizan presentar una denuncia penal contra el Gobierno nacional por supuesta violación de la Ley Antidiscriminación y atentado contra los derechos humanos.
«Los judíos no necesitamos a ninguna persona judía como interlocutor con el Gobierno. Hablamos el mismo idioma y somos integrantes de la misma nación que nuestros representantes», señaló Luis Czyczewski, integrante de la agrupación, quien se mostró «espantado» por la designación oficial.
«No tenemos nada contra esta persona, desconocemos quién es. Pero que el Gobierno haga una designación de esta naturaleza nos parece absolutamente desubicado, innecesario y viola la ley antidiscriminatoria», expresó Cziczewski, quien perdió a su hija en el atentado contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994.
«Nos parece un acto que más que nada contribuye a fomentar lo que hoy nosotros estamos cuestionando, que es la falta de Justicia y la discriminación entre argentinos», añadió.
Por su parte, Mario Abervuch, otro de los integrantes de Familiares, calificó el decreto como «aberrante» y se mostró sorprendido al decir: «No sabíamos que necesitábamos un embajador argentino en nuestro propio país».
«¿Por qué no hacen lo mismo con otras comunidades, como la española o la musulmana?», ironizó. «Este es el mayor balde de agua fría que podemos recibir», agregó Abervuch. Fte Clarin