Itongadol/AJN.- En respuesta al artículo de Christopher Sabatini sobre la amenaza islamista en América Latina, el investigador principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias Emanuele Ottolenghi ha presentado una pieza explicando de qué manera se debería controlar la presencia de la organización terrorista Hezbolá en América Latina.
En su discurso inaugural, el presidente Donald Trump se comprometió a erradicar el terrorismo islámico radical "de la faz de la tierra". Un buen punto de partida es América Latina.
Durante casi cuatro décadas, el grupo militante libanés Hezbolá ha confiado en las comunidades expatriadas locales para establecer grandes redes en toda la región. Con el tiempo, estas redes han adquirido influencia política entre las élites locales, han establecido alianzas con el crimen organizado y han ofrecido servicios financieros a ambas. Como resultado, hoy en día, América Latina es un centro clave para la creciente y, cada vez más sofisticada, red financiera global de Hezbolá.
El gobierno de Trump debe interrumpir las fuentes latinoamericanas de ingresos de Hezbolá, dirigiendo sus operaciones y sus negocios con una campaña sostenida de sanciones, debe fortalecer los esfuerzos de la Drug Enforcement Administration (DEA) para juzgar a los agentes de Hezbolá involucrados en el tráfico de drogas y castigar a las élites locales que facilitan la presencia continua de la organización en la región.
Aprovechando las leyes ejecutivas existentes y la legislación sobre sanciones, el gobierno de Barack Obama apuntó a las operaciones financieras de Hezbolá, principalmente en el Líbano y el Golfo, después de que el Congreso aprobara la Ley de Prevención del Financiamiento Internacional de Hezbolá a finales de 2015. Sin embargo, evitó tomar medidas en América Latina, a pesar de la evidencia de la creciente presencia de la organización allí.
En su anterior cargo como jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el actual secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo al Congreso en 2015 que Hezbolá goza del apoyo de las comunidades de la diáspora libanesa en América Latina. Entre ellos figuran los comerciantes y operativos que participan en "actividades ilícitas lucrativas como el lavado de dinero y el tráfico de productos falsificados y drogas". Por lo tanto, es esencial acabar con sus fuentes de financiación para una estrategia exitosa de lucha contra el terrorismo.
Washington ha utilizado las sanciones para apuntar contra las actividades latinoamericanas de Hezbolá en el pasado, aunque con un éxito limitado. En 2006, el Departamento del Tesoro designó a nueve individuos, una empresa y un centro comercial en Paraguay como fuentes de financiación terroristas de Hezbolá. Entre ellos, el operativo Sobhi Mahmoud Fayad, por su participación en actividades ilícitas que incluían el tráfico de drogas y la falsificación de la moneda estadounidense. En 2010, el Tesoro agregó a la lista a Bilal Mohsen Wehbe, un clérigo libanés que actualmente reside en Brasil.
Sin embargo, estas medidas han tenido un impacto limitado porque ninguno de los operativos de Hezbolá de América Latina sancionados durante la última década ha sufrido consecuencias significativas, ya sea personalmente o en sus negocios. Los gobiernos locales los han ignorado o protegido.
Apuntar contra las actividades de Hezbolá a través de la aplicación de la ley ha tenido más éxito. A lo largo de los años, los casos procesados tanto en tribunales estadounidenses como extranjeros se dirigieron a los operativos vinculados a Hezbolá, que actúan como proveedores de servicios logísticos y financieros para los cárteles de la droga y, más recientemente, como traficantes, distribuidores y proveedores de precursores químicos utilizados para refinar la cocaína.
En 2008, los Estados Unidos extraditaron a dos miembros del clan Zaiter, Nemr Zhayter, de Paraguay, y a su hermano, Yahya Zaitar, de Rumania, por tráfico internacional de cocaína y heroína. Fueron condenados en 2012.
En 2011, el Tesoro designó a Ayman Saied Joumaa, un libanés sunita con pasaporte colombiano, por su papel clave en el caso del banco canadiense-libanés, un esquema de lavado de dinero de Hezbolá utilizado para cruzar cocaína colombiana a través de América Latina y África Occidental, generando cientos de millones de dólares en el proceso.
En febrero de 2016, una operación conjunta DEA-europea interrumpió una red de Hezbolá responsable de vender cocaína en Europa y utilizar los ingresos para financiar la participación militar en curso del grupo en apoyo del régimen sirio. Según informes, la red trabajó con cárteles de la droga latinoamericanos.
La evidencia de la asociación de Hezbolá con el crimen organizado latinoamericano señala una relación cada vez más profunda entre criminales y terroristas para beneficio mutuo, y revela el valor financiero de la operación. También revela la vocación de Hezbolá no sólo como una organización terrorista global, sino también como una criminalidad global, donde su rama criminal trabaja para financiar su brazo terrorista.
¿Qué se puede hacer?
En primer lugar, la administración de Trump debería iniciar una revisión exhaustiva de las sanciones existentes contra los operativos de Hezbolá en América Latina. Muchos tienen más de una década y requieren actualizaciones. Este ejercicio probablemente revelará nuevos negocios y actividades asociadas con personas ya sometidas a sanciones que deberían añadirse a la lista actual.
Las actividades empresariales continuas de individuos y entidades sancionadas por el Tesoro se producen porque los gobiernos locales son renuentes a aplicar las sanciones de Estados Unidos o cooperar activamente con los terroristas. La administración debe exigir que cumplan o enfrenten las consecuencias. Estos deberían incluir la imposición de 311 designaciones en instituciones financieras conocidas por ser utilizadas por los financistas de Hezbolá para transferir sus ingresos, designando sectores bancarios de países que facilitan el financiamiento del terrorismo como zonas de preocupación primordial por el lavado de dinero, trabajando en foros internacionales como el Grupo de Acción Financiera para que esos países quedaran en la lista negra, negando visas de políticos implicados (en el lavado de dinero) a Estados Unidos y haciéndolos personas no gratas en Washington.
La DEA debe recibir los recursos necesarios y el apoyo político para completar con éxito sus investigaciones. Esto incluye algo más que fondos adicionales: la Casa Blanca debe apoyarse en los gobiernos latinoamericanos para facilitar las operaciones de la DEA en su propio territorio, acelerar las solicitudes de extradición y cooperar en lugar de obstaculizar las investigaciones en curso.
Se puede hacer mucho más para interrumpir las redes financieras ilícitas de Hezbolá en América Latina. Reconocer la amenaza e iniciar los pasos anteriores sería un buen punto de partida en la lucha contra la amenaza global del terrorismo islámico radical.