Itongadol/AJN.- El titular de la Fiscalía General Nº 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, reiteró ayer, martes, su pedido de que “se resuelva si la DAIA tiene personería para querellarse”, y en tal caso, “se rechace el recurso” interpuesto para abrir la denuncia del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, contra los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche, por encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los imputados iraníes como autores ideológicos de ese ataque terrorista, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.
En el dictamen Nº 10836, presentado ante la Sala I en el marco de la causa FP777/2015/CFC2, “Fernández de Kirchner, Cristina y otros sobre encubrimiento”, el fiscal integrante de la organización Justicia Legítima, afín al Gobierno anterior, pareció conciliador al afirmar que el hecho de certificar si la documentación es suficiente solo “hace a una cuestión de la legalidad del proceso”, que es su “deber controlar”, dado que “toda la vida, a las personas jurídicas se les exigió poder especial para querellarse, otorgado ante notario por escritura pública”, y en nada afecta al Ministerio Público, pero enseguida volvió a embestir contra la entidad comunitaria al sostener que no es a él “a quien tienen que aclarar nada, sino al proceso, a los jueces y a las contrapartes porque así lo exige la ley”.
También cuestionó que la DAIA pretenda que “se convoque al proceso a prestar testimonio a una serie de personas que en realidad lo harían en carácter de ‘opinólogos’ sobre las relaciones exteriores de la Nación en este caso concreto y sobre la tipicidad penal de las diversas conductas denunciadas”.
Es que “no es posible que unos jueces o fiscales, a pedido de un puñado de personas, sean éstas imputadas, víctimas o representantes de ellas, manejen las relaciones exteriores del país”, remarcó De Luca, quien denunció “presiones” a los magistrados que intervienen en la causa.
Por otra parte, el fiscal reafirmó que el memorándum no constituyó delito alguno porque “tendía a hacer comparecer al proceso a los imputados” y advirtió que abrir la denuncia de Nisman podría generar un “precedente gravísimo”, del cual “no habría vuelta atrás”, para que cualquier Presidente o canciller sea enjuiciado por actos similares, como “negociaciones comerciales o de explotación de recursos naturales con Gran Bretaña en Malvinas”, un ejemplo que bien podría emparentarse con críticas del kirchnerismo al macrismo de semanas atrás.
Confirman a los camaristas
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación ratificó ayer, martes, como jueces subrogantes de la Sala I a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes deberán pronunciarse sobre la eventual apertura de la investigación de la denuncia de Nisman.
La resolución 640 del organismo los confirma en su cargo, junta a Ana María Figueroa, también integrante Justicia Legítima, quien -según las versiones circulantes- apoyaría el archivo de la presentación del extinto fiscal, pero perdería ante la mayoría que impondrían sus colegas, quienes darían lugar a la pesquisa del caso e incluso podrían decidir apartar al juez instructor, Daniel Rafecas, ya sea al ordenar un nuevo sorteo o que se acumule este expediente con otro similar que lleva Claudio Bonadío.
Por lo pronto, el 19 de diciembre habrá una audiencia para exponer argumentos, paso previo a la resolución de Casación.