La ausencia de avances en la investigación judicial para identificar y juzgar a los responsables acentúa entonces la sensación de impotencia y de injusticia que experimenta la sociedad argentina. En numerosas oportunidades hemos reflejado en distintos editoriales esta situación inexplicable o, peor aún, sujeta a una impunidad que no alcanza sólo a sus autores más directos y que no ha sido el resultado de la desidia o de la inoperancia, fenómenos a los que estamos lamentablemente habituados.
Detrás del aparente fracaso institucional se esconde la perversidad de la mala fe y del cálculo cínico que generaron la impunidad. A conclusiones parecidas arribó el tribunal que revisó la actuación del juez que intervino en la primera etapa de la investigación.
Pero el reclamo de esclarecimiento implica también pensar en otra realidad tan grave como la que mencionamos. Si este hecho aberrante no se esclarece -lo mismo corresponde decir sobre el atentado a la embajada de Israel en nuestro país, en 1992-, la Argentina seguirá mostrando una vulnerabilidad que en cualquier momento puede hacerla pasible de atentados de similar naturaleza.
De todos los crímenes masivos generados por el terrorismo internacional, los dos perpetrados en nuestro país figuran, sin embargo, entre los pocos que no han podido ser esclarecidos debidamente. Y uno de los motivos de mayor vergüenza para la sociedad argentina es que ha sido desde el poder político de ese entonces que se ayudó a encubrir a los culpables. Incluso la llamada «conexión iraní» sigue todavía envuelta por un manto de incertidumbre.
Hace pocos días, los dirigentes de la AMIA convocaron a un grupo de destacados juristas con el propósito de escuchar sus opiniones y abrir un debate sobre «El atentado contra la AMIA y la justicia argentina».
De las palabras de los disertantes se desprende la necesidad de que nuestro país trabaje incansablemente para que los actos de terrorismo internacional sean, de una vez, tipificados claramente como tales por la comunidad internacional. Esto es, como crímenes de lesa humanidad, con todo lo que ello significa en materia de imprescriptibilidad e incapacidad de que los autores sean amnistiados o indultados.
Por otra parte, sorprende que, pese a las numerosas, concluyentes y gravísimas pruebas de mal desempeño en su cargo presentadas contra el juez federal Claudio Bonadío, su suspensión no haya logrado la mayoría necesaria para que el Consejo de la Magistratura impulse la acusación y destitución por el Jurado de Enjuiciamiento. Con resultados como éste, la imagen de independencia e imparcialidad de nuestros jueces federales del fuero penal ha quedado nuevamente lastimada.
También de lo señalado por los juristas en la reunión en la AMIA queda claro que, por el hecho de que se han destruido algunas pruebas decisivas, sólo hay esperanzas de reconstruir la verdad a partir de los dichos de los encubridores. Esta remota posibilidad de acceder a la verdad obliga entonces a exhortar una vez más a las autoridades a que se impulse sin pausa el esclarecimiento del caso de la AMIA, como la única manera de reparar la pérdida inconsolable de los deudos y de devolver a las instituciones una credibilidad que parece extraviada hace ya demasiado tiempo.
La Nacion