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Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- El ex fiscal leyó ayer, jueves, su ampliación de indagatoria en el juicio oral, la cual estuvo dedicada íntegramente, con habilidad, inteligencia y algo de sobreactuación, pero sin contestar preguntas, a un minucioso repaso de las pruebas e indicios que los llevaron a impulsar la detención de los uniformados.
Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- El ex fiscal Eamon Mullen leyó ayer, jueves, su ampliación de indagatoria en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA.
La misma estuvo dedicada íntegramente, con habilidad, inteligencia y algo de sobreactuación, pero sin contestar preguntas, a un minucioso repaso de las pruebas e indicios que los llevaron a impulsar la detención de los entonces policías bonaerenses como integrantes de la “conexión local” del ataque terrorista.
En el primer segmento, el imputado abordó las declaraciones del último poseedor conocido de la camioneta-bomba, Carlos Telleldín, de quien desconfiaban, pero le creyeron porque pudieron confirmarlas con testigos allegados -el ex esposo de su entonces concubina y la hija de ambos, un fletero, abogados con fugaces apariciones, un ex socio, un ex empleado- e independientes, como un taxista, un transeúnte ocasional, el dueño de una remisería y un empleado de una guardería náutica, todos interrogados un año antes de que el primero acusara a los uniformados.
“Habló de las extorsiones de los policías en sus primeras indagatorias, el 6 y 7 de agosto de 1994, y por eso pedimos investigar exacciones ilegales, pero no a [el ex comisario luego acusado y sobreseído como su cabecilla, Juan José] Ribelli porque no lo había mencionado ni había pruebas que lo vincularan; cuando las hubo, le imputamos decenas de aprietes, además del atentado”, aclaró.
“No había un conglomerado con el juez porque a algunos los pedimos como testigos y él decidió detenerlos; habríamos sido disfuncionales a ese supuesto plan minuciosamente preparado”, enfatizó Mullen.
Por otra parte, “la declaración [indagatoria de Telleldín] del 5 de julio de 1996 se declaró nula en el juicio oral anterior a pedido de la Fiscalía, cuando nos enteramos del pago” de 400.000 dólares de fondos reservados de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para que acusara a los policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta, recordó.
“Hasta ese momento ninguna defensa o querella cuestionaba su legitimidad y la Cámara Federal había ratificado todo lo actuado”, destacó el ex fiscal.
En esa ocasión, el imputado “dijo que no había hablado antes de la extorsión vinculada con la Renault Trafic blanca por miedo por él y su familia y porque debía confesar la actividad delictiva que la motivó en una época en que existía el arrepentido por terrorismo, y nos pareció creíble porque los policías bonaerenses eran una mafia que ya le había disparado cuando escapó a un intento de detención con su mujer”, relató.
“El 4 de abril de 1994 fue arrestado en Tortuguitas y llevado hasta la Brigada de Lanús, donde Ribelli le pidió 50.000 pesos para liberarlo; entregó un auto Ford Falcon, una moto Kawasaki y dinero en efectivo, pero quedó un saldo que el 10 de julio fueron a cobrarle su ‘mano derecha’, Raúl Ibarra, y su ex compañero Anastacio Leal, ya en la de Vicente López, con la camioneta”, completó Mullen su hipótesis.
La segunda parte de la indagatoria versó sobre las citadas declaraciones de testigos de las extorsiones -“si es mentira, habría que haberles pagado o presionado a todos ellos, chicaneó”-, entre las cuales se destacó la de Alberto Spagnuolo, quien “trajo a Ribelli a la causa cuando dijo que le ‘pintó’ un panorama durísimo a Telleldín, que después arregló [a través de su entonces socio, Gustavo] Semorile, y lo ratificó en este juicio sin que alguien pidiera su detención por mentir”, resaltó.
En ese contexto, el imputado criticó a las querellas del Ministerio de Justicia y Memoria Activa por haber desistido del testimonio de Hugo Pérez, quien ya en 1995 afirmó que “Telleldín y [Ana María] Boragni no habían vendido la Trafic, sino entregado a la Brigada de Vicente López, sobre todo a [sus presuntos amigos/protectores/extorsionadores Diego] Barreda y [Mario] Bareiro”, respecto de los cuales “no entendía por qué fueron a buscarlo a Aeroparque [cuando regresó de su fuga a Misiones], quizá para darle el mensaje de que nada dijera”.
El ex fiscal memoró que ellos también habían concertado telefónicamente su entrega, pero “no se sabe en qué términos” porque “la Fiscalía descubrió que se habían perdido los casetes” no solo en el Departamento de Protección al Orden Constitucional (POC), sino también en la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE, uno de cuyos jefes, Antonio Stiuso, enseguida los reclutó para “controlar qué pasaba en la casa de Telleldín; por eso la novia de Bareiro, [Virginia] ‘Vicky’ Morri se quedó con Boragni”.
En el juicio anterior, el ex espía aseguró que “la pista policial no le cerraba, pero nunca lo dijo en más de cuarenta informes” presentados por su área, lo refutó.
El imputado también apuntó contra el comisario bonaerense Mario Naldi porque era compadre de Stiuso, ex jefe de Barreda, Bareiro y Leal y estaba a cargo de la comisaría de Tigre donde estuvo alojado el múltiple homicida Ramón Solari, quien se atribuyó vinculación con el atentado y luego fue descartado como un desvío de la investigación, presuntamente preparado por policías bonaerenses y el propio Ribelli.
“Nadie le pidió que interviniera, pero se reunió con Barreda y Bareiro, quienes le contaron sobre la extorsión en Lanús antes de la detención de Telleldín, y nada de esto constaba en la causa”, se quejó.
Además, “Leal llamó y estuvo en la casa de [el último poseedor de la Trafic] la noche del allanamiento porque estaban preocupados por lo que éste pudiera decir, y aunque lo niegue, lo apodan ‘Pino’”, el apelativo de la persona a la que Telleldín dijo haberle entregado la camioneta, porque así lo confirmó el entonces sargento ayudante de Sustracción de Automotores bonaerense Manuel García en noviembre de 1995, subrayó Mullen.
“Mal podría hablarse de una privación ilegal de la libertad de los policías porque, más allá del atentado, estaban todas las extorsiones, y una prueba de la inexistencia de una relación promiscua con (el destituido juez Juan José) Galeano es que éste ordenó las detenciones por su cuenta y sin hacer referencia a nuestro pedido y que cuando los liberó, la Fiscalía apeló y la Cámara nos hizo lugar”, insistió.
“Los policías todavía niegan los aprietes a Telleldín, que es como intentar tapar el solo con la mano, cuando lo más lógico habría sido reconocerlo y ‘despegarse’ de AMIA, por ello abriría muchas preguntas que no podrían responder”, conjeturó el ex fiscal, que destacó un llamado telefónico a su casa desde un celular de Ribelli el 28 de mayo de 1994, que no tendría otra explicación que el reclamo por el saldo pendiente, aunque el ex comisario lo adjudicó a una “inverosímil” consulta por una Trafic efectuada por un ex socio en sus concesionarias de autos.
En el tercer fragmento, Mullen enfatizó que una amiga de la pareja, Miriam Salinas “declaró que Telleldín y Boragni se reían cuando hablaban de [el presunto comprador de la camioneta] Ramón Martínez porque era un allegado” a ellos y que la concubina del acusado “estaba en la casa cuando se entregó la Trafic y dio mucha información muy meticulosa que no podría haber sido preparada”.
En esa línea, el hermano de Telleldín, Eduardo, contó que un empleado del primero, Claudio Cotoras, lo había ido a ver a su pedido el 10 de julio de 1994 “porque ‘Pino’ lo estaba apretando” -éste lo ratificó-, pero después Carlos le dijo que ya “lo había solucionado”.
“Era lógico que [el acusado] los pidiera como testigos y que éstos cambiaran su versión una vez que Telleldín decidiera decir la verdad, pero todos tenían miedo de declarar porque la Brigada de Lanús había fusilado a cuatro inocentes con más de cien tiros en la Masacre de Wilde”, los justificó.
Asimismo, respecto del video del 1º de julio de 1996, donde se observa una conversación entre el juez y el imputado cuatro días antes del primer pago, el ex fiscal explicó que allí se ve que éste “habla de vender un libro y de convencer a tres testigos que sabían lo que había pasado para que recuerden y digan la verdad”, después de haberles recomendado “que no contaran lo de los policías porque ‘serían boleta’”, un término coloquial para referirse a ser asesinados, mientras “Galeano estaba atento a lo que Telleldín decía que era la verdad”.
“El TOF [Tribunal Oral Federal Nº] 3 probó el pago, pero no que haya sido para que [el acusado] mintiera”, enfatizó.
Además, en esa cinta “quedó claro que Telleldín especuló con [la cercanía de] el [segundo] aniversario [del atentado] para negociar plata después que fracasara su intento de publicar un libro”, añadió Mullen.
Un año antes, “la Fiscalía demostró que no había habido una venta de la Trafic y pedimos la ampliación de su imputación [como partícipe necesario del ataque] y la detención de Boragni, pero no imaginábamos que ello sería determinante para que declarara la verdad”, se ufanó antes de referirse al manuscrito del “fiscal trucho” Jorge Damonte dictado por Telleldín, quien “dio detalles inéditos de las extorsiones, mencionó a Ribelli como la persona con la cual negoció y contó que el 10 de julio había alrededor de su casa un [Fiat] Duna blanco y un [Ford] Galaxy azul, como los de Ibarra y Leal”.
“Los acusadores preguntan sobre detalles mínimos porque no tienen la más mínima prueba de que cometimos delitos, como si ir mucho al juzgado fuera algo raro o indebido ante la causa más importante de la Argentina; pedíamos la verdad porque la pista policial no era falsa”, se quejó el imputado.
Antes y después del almuerzo, Mullen enfatizó que los policías no fueron apremiados por ellos ni por el entonces juez -“no pudieron responder algo coherente acerca de cómo habría sido”- y que si sintieron alguna presión fue “por la magnitud de la propia causa, que los llevó a decir la verdad” y luego por Ribelli y su defensor, José Ubeira -ambos encabezan hoy la querella que los patrocina-, para que cambiaran su versión.
La cuarta etapa estuvo dirigida a las pruebas e indicios contra el ex comisario: llamados telefónicos, un viaje a la Triple Frontera y filmaciones que emparentó con “una coartada”, la nunca convincentemente explicada herencia millonaria de su padre ferroviario, oficializada al día siguiente de la entrega de la Trafic, y -ya en la quinta- a dos testigos que lo vincularon con siete camionetas de ese modelo.
“Cuando la detención era inminente, Ribelli les ordenó no declarar a sus subalternos, cuya estrategia procesal dirigía y sus abogados pagaba”, subrayó el ex fiscal.
“Había testigos y legajos que probaban que trabajó con Leal en la Brigada de Lanús”, a pesar de que ellos e Ibarra lo nieguen, e incluso Semorile dijo haberlo visto en esa dependencia, todo lo cual “le daba credibilidad a Telleldín sobre que [los dos primeros] estuvieron juntos el 10 de julio”, pero “el TOF3 adjudicó todas las pruebas contra los policías a posibles confusiones”, denunció.
Además, Barreda y Bareiro confirmaron que Leal lo visitó ese día por la Trafic, y si bien después relativizaron sus dichos, nunca lo desmintieron, precisó el imputado, que recordó que pidieron la detención por falso testimonio del segundo porque los acusó de presionarlo, cuando ellos no estuvieron en sus indagatorias.
La última sección de la indagatoria de Mullen, quien ya anticipó que volverá a ampliarla más adelante, se centró en los presuntos desvíos de la investigación impulsados por policías bonaerenses para proteger a sus colegas -el ya citado Solari, la “pista carapintada” y el inspector de la Bonaerense Abel Brahim Alí, supuestamente parecido a Ibarra-, también utilizados como prueba de cargo en su contra.
“Después del pedido de detención de Boragni, en julio de 1995, que muestra que no éramos un apéndice del juzgado, Telleldín les dijo a periodistas que los fiscales le ofrecimos la libertad si señalaba a algún policía o carapintada, pero nunca estuvimos solos con él, ni lo visitamos en la cárcel, ni nos pidió una entrevista; lo inventó como un mensaje [a los efectivos bonaerenses] de que si no hacían algo para sacarlo, los involucraría”, desencriptó.
“No se los investigó antes porque se encargaron de evitarlo; Ribelli estuvo en [un allanamiento por el atentado en] Campo de Mayo, pero no nos dijo que lo había tenido detenido en la Brigada de Lanús, ¿por qué querrían desviar si no estaban vinculados?”, se preguntó el ex fiscal, que después recordó el intento del ex comisario de extorsionar a Galeano.
En síntesis, “la acusación de que detuvimos a los policías bonaerenses por la declaración de Telleldín es una falacia y un acto de voluntarismo de quienes quieren creer que hubo una privación ilegal de la libertad por motivaciones políticas o económicas”, denunció en referencia a supuestas simpatías con el kirchnerismo de la Unidad Fiscal, el Ministerio de Justicia, Memoria Activa y 18J, en el primer caso, y al juicio civil entablado por los ex uniformados, en el segundo.
“El hecho que no hayamos sido imputados por la AMIA, la DAIA y Laura Ginsberg ratifica el interés extrajudicial, más la presión que opera sobre todo este proceso”, insistió Mullen.
“Tienen que juzgarnos por lo que sabíamos en la instrucción, no en el juicio, e incluso el TOF3 les negó la excarcelación a los policías hasta el fallo y el jury [Jurado de Enjuiciamiento] a Galeano lo absolvió” de este cargo, recalcó.
“Sigo convencido de que están vinculados con el atentado, pero aun si nos equivocamos, teníamos un montón de motivos para creerlo, y si no los acusábamos, estaríamos acá por encubrirlos”, aseveró el ex fiscal con contundencia.
“¿Debíamos creer que fueron todas casualidades, incluso cuando [el ex jefe de la Policía bonaerense Pedro] Klodczyk le dijo a la [desaparecida Comisión] Bicameral [de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados a la Embajada de Israel y la Sede de la AMIA] que era creíble que Ribelli estuviese vinculado porque era capaz de cualquier cosa por plata?”, preguntó.
“Nadie puede sostener con seriedad que mantuvimos la acusación a los policías bonaerenses por una causa armada sobre mentiras y falsas pruebas”, finalizó Mullen, quien lamentó haber tenido que renunciar a treinta años de carrera.
Entre el público se encontraban el fiscal Carlos Stornelli y los ex abogados de la AMIA Luis Dobniewski y Juan José Ávila y de la DAIA Mariano Fridman.
El debate continuará el lunes, con la esperada declaración como testigo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su condición de integrante de la Bicameral y pese a haber sido denunciada por proteger a los imputados iraníes como autores ideológicos de este último ataque terrorista por el fallecido Alberto Nisman, entonces a cargo de la Unidad Fiscal.
La ex mandataria fue acusada de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con la República Islámica, junto con su canciller, Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche.
Se prevé una testimonial muy extensa, en la cual Fernández de Kirchner seguramente reiterará sus dichos en el juicio oral anterior, sustanciado entre 2001 y 2004, y no se descarta un pedido del destituido juez Juan José Galeano de carearse con ella.