Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- La trigésima audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA de ayer, jueves, aparentaba atractiva y un tanto extensa, pero finalmente decepcionó porque el principal testigo no compareció.
Se trata de Marcelo García, ex abogado del entonces policía bonaerense imputado Bautista Huici, quien reside en España, pero su padre ignora su domicilio.
El imputado le habría contado las presiones recibidas por parte de los letrados Marta Parascándalo y Federico Domínguez, hoy presidente de la Cámara de Casación bonaerense, y el ex comisario Luis Vicat, a cargo de un Área Especial de la Policía provincial, para que involucrara al entonces comisario Juan José Ribelli, sindicado como el cabecilla de la “conexión local” del ataque terrorista, y a Anastacio Leal con la camioneta Trafic utilizada como coche-bomba, a cambio de dinero y beneficios en la causa.
Los tres están hoy procesados por esa maniobra, que García denunció ante el destituido juez Juan José Galeano el 22 de septiembre de 1997 y el 19 de mayo de 1998.
El testigo también podía precisar cómo fue su diálogo con el entonces secretario general de la DAIA, Rogelio Cichowolski, con quien Huici declaró semanas atrás que conversó telefónicamente -“Le propusieron hablar conmigo y acepté”-, y también sobre las dos reuniones que mantuvo con el en esa época vicepresidente 1º, Roberto Zaidemberg, y la abogada, Marta Nercellas, que lo grabaron y filmaron subrepticiamente por orden de Galeano, quien dispuso que el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista les proveyera el equipo para dejar constancia de lo que allí dijeran el detenido y su abogado y ante la eventualidad de que cambiara su versión.
Por esa conducta, ambos fueron denunciados por el Tribunal Oral Federal Nº 3 ante el Colegio Público de Abogados porteño, al igual que Claudio Lupiano, antecesor de García, también acusado por coaccionar a Huici.
Por ello también era interesante escuchar a este último, quien trabajaba como letrado externo del estudio de Domínguez y lo sucedió el 21 de agosto de 1996 como defensor del imputado.
Pero como era de esperar, éste desconoció cualquier tipo de presión, en medio de una declaración llena de reticencias y “no me acuerdo” que lo dejó al borde del falso testimonio, que nadie le pidió porque contar la verdad podría haber representado incriminarse en delitos de los cuales, igualmente, ya fue sobreseído.
Finalmente, José Ferrari fue jefe de operaciones de la Brigada de Vicente López desde el 26 de noviembre de 1994, así que si bien no estuvo en la presunta extorsión a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la Trafic, del 14 de julio, sí prestaba servicios cuando el múltiple asesino Ramón Solari se adjudicó el atentado, en lo que Galeano entendió que fue un desvío preparado por los ex policías bonaerenses y éstos sostienen que se trató de otro armado del ex juez para inculparlos falsamente.
El testigo fue detenido el 12 de julio de 1996 para un comparendo compulsivo como testigo y declaró dos días después que el criminal construyó su historia en base a varias charlas nocturnas sobre la causa y el doblador de autos que mantuvo con el oficial de servicio Mario Bareiro -también acusado por el atentado- en el calabozo.
Para los acusadores, lo preparó para incriminarse; para los imputados absueltos, manipularon sus dichos.
Ferrari no dudó en calificar a Solari como “un monstruo que se incriminó para pasar al fuero federal”.
A favor de los imputados, aclaró que si bien no entendía por qué habían ordenado su detención si nada tenía que ver con la AMIA ni los ex policías, durante su declaración lo “trataron bien” y ni siquiera le sugirieron que mintiera.
El juicio continuará el lunes próximo, con la declaración de Juan Ionno, compadre de Ribelli; Sandra Cardeal, empleada de una de las agencias de autos del ex policía; y Jorge Oslovsky, entonces empleado de la Dirección de Sumarios Administrativos de la Policía Bonaerense.