Itongadol/AJN.- Los ex inspectores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Julio Gatto y Marcelo Valenga, amigos y subordinados del ex subcomisario Juan José Ribelli en la Brigada de Investigaciones de Lanús y la División Sustracción de Automotores de Vicente López, declararon en forma breve y casi idéntica ayer, jueves, durante unas dos horas, en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA.
Ambos relataron que meses después del arresto de su jefe y en una de las visitas de rutina que hacían a otra dependencia, que no identificaron, la suboficial Teresa Altamura les dijo que tenía información sobre los autores del ataque y les pidió hablar en otro lugar.
En el café de la estación de servicio que estaba enfrente de ese lugar les contó que Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba, les habría dado la Trafic a cuatro policías de la Brigada de Vicente López: Anastacio Leal, Mario Bareiro, Diego Barreda (en realidad no revistaba en esa dependencia) y el inspector de origen sirio-libanés Abel Brahim Alí, quien se la habría dado al segundo jefe de San Martín, el comisario Pablo “Japonés” López, y a un médico de la fuerza (Ricardo Gómez); esto último lo mencionó Gatto ayer por primera vez.
La mujer les pidió que le consiguieran una reunión para declarar ante el juez de la causa, Juan José Galeano, como testigo de identidad reservada porque tenía temor.
Gatto y Valenga averiguaron quién estaba a cargo de la investigación en la Policía bonaerense y viajaron a La Plata para informárselo al comisario Hugo Vaccarezza, sin identificar a su informante.
“No queríamos investigarlo, sino apoyar a un amigo”, por Ribelli, aclaró el primero.
El magistrado ordenó que les tomaran declaración y quedaron en que los llamarían cuando tuvieran una respuesta para darles.
Pasaron meses sin noticias y, ya en 1997, los citó el comisario Luis Vicat, sucesor de Vaccarezza y titular de un Área Especial en esa fuerza, quien les espetó: “Galeano soy yo”, para ejemplificar el pleno respaldo que tendría por parte del juez de la causa.
“Nos dijo que necesitaba que le entregáramos como fuera a Ribelli o a (el entonces jefe de la Bonaerense, Pedro) Klodczyk”, recordó Gatto.
Le respondieron que creían que su amigo era inocente y que por eso habían aportado un dato para ayudarlo, pero Vicat les aseguró que “Ribelli ya no existía porque había una guerra entre (los entonces presidente Carlos) Menem y (gobernador bonaerense Eduardo) Duhalde”, así que les sugirió que pensaran “bien” lo que harían.
“Nos dijo que si seguíamos visitando en la cárcel o asistiendo a Ribelli, tendríamos problemas: nos echarían (de la Policía) o meterían presos”, agregó su ex colega.
Una de las pocas diferencias entre los hoy querellantes fue acerca de si hubo testigos de esa supuesta presión: Gatto dijo que no y Valenga, que había una o dos personas que no conocía.
Ambos explicaron que nada de esto se lo contaron a Ribelli -“para no mezclar las cosas”, según el primero; “para no crearle falsas expectativas”, según el otro-, pero Gatto aclaró que sí se lo comentaron al entonces abogado del imputado, Mariano Cúneo Libarona, a fin de que éste pidiera que Galeano los citara a declarar para aportar el dato que tenían, pero ignora si efectivamente lo hizo.
Ninguno de los testigos denunció las presuntas amenazas de Vicat -ni siquiera en la instrucción de esta causa- porque “era una sensación, sin pruebas” (Gatto) y porque “nadie lo creería, o por consejo de mis abogados”, José Ubeira y el propio Ribelli (Valenga).
Además, en la fuerza “se fue formando un clima hostil y de tensión porque se sabía que cada policía que iba a declarar en la causa era maltratado y sometido a duros interrogatorios; ésta es la primera vez que puedo hablar con libertad porque sé que nada me pasará”, expresó este último.
Ambos mantuvieron el contacto con Altamura, quien periódicamente les preguntaba si tenían novedades, según Valenga.
Poco después los citaron del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal para ratificar la declaración ante Vacarezza.
“Nos preguntaron quién era la suboficial y les dimos el nombre”, afirmó Gatto, pero la versión de su ex colega no fue tan dócil: “Reiteré su pedido de ser testigo de identidad reservada, me dijeron que no y me obligaron” a suministrar su filiación.
Días más tarde los citaron del juzgado de Rodolfo Canicoba Corral para ratificar sus dichos y los sometieron a un careo con Altamura, quien negó haberles dado esa información.
“Fue muy desprolijo: fueron muy agresivos con nosotros y no con ella, que se desdijo porque no le pudimos cumplir” el pedido de protección de sus datos, contó un comprensivo Valenga.
“Negó todo con mucho miedo”, puntualizó Gatto.
Ambos fueron procesados por falso testimonio, pidieron un juicio abreviado y luego desistieron de él, y finalmente fueron sobreseídos por prescripción, por el tiempo transcurrido desde que se habría cometido el delito.
Gatto y Valenga fueron expulsados de la Policía bonaerense a fines de noviembre de 1997, en el marco de una ley de prescindibilidad, “por ser amigos de Ribelli” y no por la “Masacre de Wilde” (a la cual ambos refirieron como un tiroteo con criminales en Avellaneda), ya que los otros nueve acusados siguieron en actividad.
Por ese hecho ambos estuvieron presos entre enero y noviembre de 1994 y no fueron vinculados con la “causa AMIA” ni con los operativos y la supuesta extorsión a Telleldín, ocurridos en marzo y abril.
“La cadena de responsabilidades (por el despido de la Policía) fue: el gobierno de turno -creo que el presidente era Menem-, Galeano y Vicat”, acusó Valenga.
Gatto no fue tan lejos: el destituido juez “pudo haber dicho que me echaran”, conjeturó.
Antes de terminar la audiencia, Valeria Corbacho, defensora del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, pidió incorporar al debate algunas fojas de las declaraciones testimoniales en la instrucción de Bautista Huici y Diego Barreda -seguramente para subrayar contradicciones- y los legajos policiales de los testigos de ayer, que tiene el tribunal que los juzgará por la “Masacre de Wilde”.
La querella de los ex policías y la Fiscalía se opusieron a esto último porque nada tiene que ver con el objeto procesal y por improcedente porque no se produjeron hechos nuevos, respectivamente.
Sobre el primer punto, el Tribunal Oral Federal Nº 2 les dio plazo a las partes para que se interioricen de qué se trata antes de opinar.
Luego se pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene, con la declaración de los ex policías bonaerenses Marcelo Albarracín y Juan Maisú y la presidencia de Néstor Costabel en lugar Jorge Gorini.
560