Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Jorge Lew, el padre de Agustín, una de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, y viudo de Norma, sobreviviente del ataque terrorista y luego fallecida por sus secuelas, será el primer testigo que represente a la agrupación de familiares y amigos Memoria Activa, en la decimonovena audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de sus autores o cómplices, que se reanudará mañana, jueves, a las 10, media hora después de lo acostumbrado el año pasado, tras casi 45 días de receso, fundamentalmente por la feria judicial.
Se espera que cuente sus experiencias y vínculos con el destituido juez Juan José Galeano, los entonces fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia y el fallecido Alberto Nisman, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja y otros dirigentes comunitarios, y el comisario retirado Jorge Palacios y demás autoridades, políticos, funcionarios, policías y espías, con el ex presidente Carlos Menem a la cabeza.
Seguramente también recordará ese nefasto 18 de julio de 1994 y los días subsiguientes, y el devenir de la investigación, con sus idas y vueltas, desvíos y encubrimientos, que terminó con la vida de su combativa esposa.
Pero el principal foco de atención estará puesto en cómo repercuten en el debate las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Mauricio Macri vinculadas con el atentado, como la designación del ex senador radical Mario Cimadevilla al frente de la Unidad AMIA, en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la renuncia o despido de la mayoría de los integrantes de la querella de esa cartera en el propio juicio.
Después de Lew será el turno de sus compañeras Diana Wassner, viuda de Andrés Malamud, y Adriana Reisfeld, hermana de Noemí, y el resto de las audiencias de febrero y marzo se completaría con la declaración de una decena de ex policías bonaerenses que integran una misma querella.
Hasta ahora se llevaron a cabo audiencias formales y los testimonios de los ex uniformados imputados del atentados y algunos familiares nucleados en la Asociación 18J, mientras que la breve audiencia del 23 de diciembre se dedicó a anticipar la nómina de comparecientes en estos dos meses, por ahora una sola vez por semana.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el espía prófugo Antonio Stiuso.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar hasta dos años, reúne dos causas: el pago ilegal, con aval judicial, a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano, Mullen y Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen, Beraja y el propio Telleldín, su ex mujer Ana María Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001 a 2004, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.