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Itongadol/AJN.- En las últimas 24 horas, se reunieron frente a la jueza penal Fabiana Palmaghini la jueza Sandra Arroyo Salgado y Viviana Fein, fiscal de la causa por la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman. Además, impulsaron una investigación por lavado y evasión contra el técnico informático y único imputado en la causa, Diego Lagomarsino, y la familia de Nisman. Y el Gobierno presentó una denuncia penal contra Antonio Stiuso, el agente de la SIDE.
* La fiscal de instrucción Viviana Fein y la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado estuvieron hoy frente a la jueza penal Fabiana Palmaghini, quien deberá resolver en los próximos días sobre una recusación planteada en torno a la investigación por la muerte del ex titular de la UFI Amia Alberto Nisman. Ahora, la jueza se tomará unos días para resolver si Fein sigue a cargo de la instrucción de la investigación por la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman.
* La Justicia lleva adelante una investigación para determinar la posible existencia de los delitos de lavado de dinero y evasión impositiva a través de la cuenta no declarada que Alberto Nisman tenía en la ciudad de Nueva York. La denuncia original fue presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado le dio vista al fiscal Zoni, quien ayer la impulsó. Inicialmente la acción apuntaba contra Diego Lagomarsino -co-titular de la cuenta-, pero finalmente la imputación se hizo extensiva a la madre del difunto fiscal para la causa AMIA, Sara Garfunkel, y a su hermana Sandra. Además el funcionario judicial abrió el juego para que el propio banco Merrill Lynch sea investigado por el manejo del dinero.
* El recientemente nombrado jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, informó que el gobierno nacional denunció penalmente al ex agente de ese organismo, Antonio "Jaime" Stiuso, por la presunta violación de sus deberes como funcionario público, el ocultamiento ante la ex SIDE de sus tareas en el marco de la causa AMIA, por dar domicilios "falsos e inexactos", y por ocultar documentación ante la institución de espionaje estatal.