El Gobierno, se dice, tampoco quiere irritar a la comunidad judía, sensibilizada por el fallo que absolvió a todos los acusados en el juicio oral por el ataque a la AMIA y que puso de manifiesto la incapacidad del Estado para esclarecer el atentado, y también para inventar una historia oficial, acusando a falsos culpables.
Por eso prefirió no aceptar la dimisión al juez, sobre todo luego de escuchar al presidente de la AMIA, Abraham Kaul, y al presidente de la DAIA, Jorge Kirszembaum, quienes se opusieron a que el Gobierno consintiera la renuncia, lo que clausuraría el enjuiciamiento político.
Kirchner teme que una decisión apresurada le haga pagar el costo político de un escándalo que ocurrió antes de su llegada al poder.
La jugada del Gobierno, no obstante, es peligrosa puesto que aunque deja a Galeano expuesto a un proceso, lo mantiene al frente de dos juzgados federales. De hecho, si hoy en Buenos Aires hubiera un nuevo atentado, que nadie desea, Galeano sería el juez federal que debería investigarlo, pues está de turno. Es más, en la Justicia se investiga un presunto enriquecimiento ilícito del presidente Kirchner. Y la causa la tiene Galeano.
El renunciante ya manifestó que no desea seguir siendo magistrado. El Consejo de la Magistratura analiza graves acusaciones en su contra y el tribunal que absolvió a los acusados de la causa AMIA lo denunció por una docena de supuestos delitos, por lo que no parece ser el mejor juez para investigar cualquier caso.
Desde hace cuatro años, el juez Claudio Bonadío investiga a Galeano y cómo se investigó la causa AMIA. El juez esperará hasta el 29 de octubre para conocer los fundamentos del fallo por la AMIA. Después decidirá si cita a Galeano a declarar como sospechoso.
Fte La Nacion
Por H.Cappiello