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Necesitamos saber toda la verdad.

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Acorralado tras el fallo que tumbó su investigación sobre el atentado contra la AMIA, el juez federal Juan José Galeano presentó anoche su renuncia al cargo y evitó así el proceso de destitución en su contra que avanzaba en el Consejo de la Magistratura.

El presidente Néstor Kirchner recibió de manos del ministro de Justicia, Horacio Rosatti, el texto que el magistrado envió para justificar su decisión; se espera que en las próximas horas el Poder Ejecutivo defina si firma el decreto para aceptar la dimisión.

Al dejar los tribunales, Galeano quedará expuesto a enfrentar graves acusaciones de irregularidades y delitos cometidos en los casi 10 años que duró la instrucción del expediente AMIA.

Sin fueros, la Justicia podría citarlo a declarar en indagatoria por lo menos en dos causas penales, una de ellas por extorsión a raíz de una denuncia del tribunal oral que juzgó y liberó a los acusados de la supuesta conexión local del ataque terrorista.

El Gobierno, si bien no comentó en público la noticia, filtró que promoverá la investigación de los errores cometidos en la investigación y la presunta red de encubrimiento.

Días atrás, el ministro Rosatti había adelantado que Kirchner impulsará en los tribunales «que no cese la investigación hacia el poder político». Justamente ayer, la Procuración General de la Nación creó la denominada Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFIA), que se suma a un órgano similar habilitado hace años en el Ministerio de Justicia.

Oficialmente, la oficina de prensa de la Presidencia explicó anoche que sólo hoy se dará a conocer si Kirchner acepta la dimisión del magistrado.

Galeano, de 46 años, llegó al juzgado federal N° 9 en julio de 1993, apadrinado por Hugo Anzorreguy, jefe de la SIDE durante el gobierno del presidente Carlos Menem. La causa AMIA marcó casi en forma excluyente su carrera en Comodoro Py.

Los integrantes de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura debían votar hoy si citaban a Galeano para que presentara su descargo ante el informe preliminar de 240 páginas que detallaba las presuntas irregularidades y supuestos delitos cometidos por el magistrado durante la investigación del atentado.

El legajo 313/01 incluía acusaciones por supuestos apremios a 17 testigos e imputados, el presunto armado de legajos paralelos y el pago de 400.000 dólares al principal imputado, el reducidor de coches Carlos Telleldín.

LA NACION quiso consultar anoche a Galeano, pero el juez se negó a responder las llamadas a su teléfono celular y a su casa.

Al banquillo

Si Kirchner acepta hoy la renuncia de Galeano, el proceso de destitución irá directo al archivo. Pero el cuestionado juez tendrá que enfrentar al fuero que integró.

El juez federal Claudio Bonadío investiga desde hace cuatro años las irregularidades y delitos que integran el legajo del Consejo de la Magistratura, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades penales.

El 2 del actual, el Tribunal Oral Federal N° 3 ordenó extraer testimonios de los posibles hechos ilícitos cometidos durante la investigación. Le imputó a Galeano 11 irregularidades, entre ellas, una supuesta extorsión al abogado Gustavo Semorile, a quien habría presionado para declarase contra los ex policías acusados a cambio de no imputarlo en el expediente.

El consejero Beinusz Szmukler, que redactó el informe preliminar contra Galeano ante la Comisión de Acusación, lamentó que el magistrado haya renunciado. «Hay un interés social en determinar si un juez se desempeñó bien o mal. Esto es un problema claro para el Presidente. Si se acepta una renuncia, se cierra el proceso acusatorio», dijo a LA NACION.

En esa sintonía se situó la diputada Marcela Rodríguez (ARI), miembro acusadora del Consejo. Recordó que Galeano «podrá en el futuro acceder a otro cargo público», salvo que sea condenado por la Justicia penal. «Creo que tenía que afrontar un juicio político y dar explicaciones por su desempeño», opinó.

La noticia sobre la decisión del juez causó una rápida repercusión en la comunidad judía. El presidente de la AMIA, Abraham Kaul, pidió que no se acepte la renuncia. «Tiene que ir a juicio político porque necesitamos saber toda la verdad», sostuvo. Con él coincidió Jorge Kirszenbaum, titular de la DAIA.

Por el lado de las víctimas del atentado, LA NACION consultó a Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa, que se negó a hacer declaraciones hasta saber si Kirchner aceptaría o no la renuncia.
Fte La Nacion

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